Jimmy Pflücker, fundador de Minera Paltarumi, en entrevista con Expreso: “Perú pierde época dorada de metales por burocracia”
Empresario advierte que el país desperdicia una oportunidad histórica de desarrollo, debido a la excesiva tramitología, la falta de presencia estatal y la presión de intereses externos.
En entrevista con EXPRESO, el empresario minero Jimmy Pflücker advirtió sobre un alto riesgo de que Perú pierda la “oportunidad histórica” de aprovechar sus recursos minerales para un mayor desarrollo.
El fundador de Minera Paltarumi enfatizó que el Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de acelerar el crecimiento del sector minero hasta 10 veces más.
¿Cuál es su perspectiva de crecimiento del sector para este año?
Mi expectativa es que el crecimiento del sector dependerá, en gran medida, de la voluntad del Gobierno para reducir las trabas y agilizar los procesos. Es importante subrayar que no se debe confundir un supuesto crecimiento con el simple aumento de precios internacionales, cuando en realidad el volumen de producción se mantiene igual o incluso disminuye. Por ejemplo, se pueden estar extrayendo menos onzas de oro o menos toneladas finas de cobre, pero si los precios suben, se genera la percepción engañosa de que la economía crece. En ese escenario, se podría afirmar que el país avanzó 3%, aunque dicho incremento no responda a un mayor dinamismo productivo, sino únicamente a factores externos. La clave está en que el Gobierno asuma un rol más activo en el sector minero, que es el que más aporta a la economía nacional. Se requiere una presencia estatal más firme para agilizar gestiones que hoy resultan lentas y burocráticas, ya que la excesiva tramitología no solo retrasa las inversiones, sino que además abre espacios para prácticas indebidas.
Jimmy Pflücker, ¿la burocracia viene del lado ambiental?
Tal cual, principalmente desde el ámbito ambiental. Además, es necesario generar conciencia en las comunidades. Muchas veces se habla de concesiones ociosas, pero no se explica que gran parte de ellas permanecen inactivas porque las propias comunidades se oponen. En muchos casos, estas comunidades terminan siendo un factor que impide la ejecución de proyectos mineros. A ello se suma la influencia de las ONG extranjeras que, con recursos y agendas cargadas de intereses, buscan convencer a los líderes comunales de que la minería solo contamina y destruye. Sin embargo, lo cierto es que la minería puede convivir perfectamente con la agricultura y la ganadería, siempre que se trabaje de manera responsable.
¿Reducir la burocracia no significa relajar el cuidado ambiental?
No necesariamente. Un ejemplo claro es el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Este trámite exige esperar meses, incluso años, a pesar de que el Ministerio de Cultura ya tiene mapeados todos los restos arqueológicos del país. Entonces, ¿para qué pedirlo nuevamente? Bastaría con ingresar las coordenadas en una base de datos y confirmar si el proyecto puede avanzar o no, sin necesidad de esperar a que apenas una veintena de inspectores procesen cada solicitud. Esa demora genera un enorme daño colateral: mientras un proyecto se paraliza por la burocracia, el país pierde la oportunidad de atraer inversiones que podrían combatir la pobreza, la desnutrición y el hambre. Es inaceptable que el Perú tenga regulaciones más rígidas que países mineros como Australia, Alaska o Estados Unidos, sin que ello represente un beneficio real para el medio ambiente. En la práctica, esta rigidez innecesaria solo abre espacio a la corrupción, porque donde hay exceso de trámites y tiempos muertos, inevitablemente surge la oportunidad de prácticas indebidas.
Jimmy Pflücker, ¿cuál es el riesgo de no reducir la burocracia?
El mayor riesgo es que el país pierda la oportunidad histórica de aprovechar sus recursos para el desarrollo. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de acelerar el crecimiento del sector hasta diez veces más, pero la lentitud de los trámites hace que el momento se escape. Aunque se habla mucho del oro, en realidad el Perú es aún más rico en cobre. Contamos con reservas superiores a las de África e incluso comparables —y en algunos casos mayores— a las de Chile, el principal productor mundial. Sin embargo, por la presión de las ONG y la paralización de nuevos proyectos, ya hemos descendido al tercer lugar en el ranking global. Un ejemplo ayuda a entenderlo: es como si producir un barril de petróleo en el Perú costará 10 dólares, mientras que en Chile costará 60. Con el cobre sucede algo similar. Si nuestro país pusiera en marcha todo su potencial cuprífero, Chile quedaría rezagado. En otras palabras, el Perú está dejando pasar la época dorada de los minerales por culpa de la burocracia.
¿Así de contundente?
Por ahora estamos dejando pasar el momento, pero todavía estamos a tiempo. Estoy convencido de que se vienen los mejores años para el sector, siempre y cuando logremos desterrar a las mafias, las colusiones y los intereses que solo benefician a cinco o seis personas. Ese es el gran problema. El Perú no debería tener pobreza, ni un solo niño con anemia, considerando la riqueza que posee en recursos minerales. Lo que necesitamos es formar nuevas generaciones de jóvenes que salgan del colegio con una visión clara: que la minería no solo es una opción de trabajo, sino un motor de desarrollo para el país.
¿El Gobierno está combatiendo la minería ilegal?
La minería ilegal es un tema complejo, imposible de resumir en una sola frase. Para explicarlo con claridad: lo que realmente define la ilegalidad es la contaminación. Si una gran empresa minera contamina, es ilegal. Si un pequeño minero contamina, también es ilegal, aunque tenga papeles en regla. Un documento no puede ser un salvoconducto para dañar el medio ambiente. Hoy el mundo exige, como requisito principal, la protección del medio ambiente y, en segundo lugar, la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, en el Perú ocurre lo contrario: basta mostrar un documento para ser considerado “legal”, aun cuando se esté contaminando. Y eso no es aceptable. Tenemos, por ejemplo, el proceso de re-información, en el que participan miles de mineros en vías de formalización. Pero muchos de ellos se mantienen en un statu quo, sin avanzar realmente hacia la formalidad. Para nosotros, que queremos formalizar cuanto antes a quienes operan en nuestras concesiones, esos actores que no quieren formalizarse son incluso peores que los ilegales. Es cierto que existen mineros ilegales que no cuentan con documentos porque no saben leer ni escribir, y esa es otra realidad que también requiere atención. Pero lo inaceptable es que, bajo la excusa de un trámite, se encubra la contaminación y se perpetúe un problema que afecta al país entero.
¿Usted coincide con la decisión del Gobierno de no ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)?
Creo que la salida no pasa por cerrar el Reinfo de manera abrupta, sino por gestionarlo con mayor seriedad. Se necesitan más inspectores y una presencia real del Estado que verifique quiénes tienen voluntad de formalizarse y quiénes no. Dar unos meses adicionales —cinco o seis más, hasta mediados del próximo año— permitiría depurar el padrón y diferenciar a quienes realmente quieren entrar a la legalidad, cumplir con el cuidado ambiental, pagar tributos y regalías, de aquellos que solo se aprovechan del proceso
El problema es que el Estado nunca estuvo presente: solo fue extendiendo plazos sin soluciones concretas. Lo correcto sería censar a todos los inscritos en el Reinfo y establecer con claridad: tú sí estás en proceso de formalización y avanzas; tú no quieres formalizarte, entonces quedas fuera y pasas a ser ilegal. Pero no se puede meter a todos en la misma bolsa. Además, ya se ha formado una nueva clase social: agricultores que han dejado el campo porque en la minería pueden ganar 15 o 20 veces más.
El Estado dispone de miles de hectáreas que podría ceder para que quienes trabajan con responsabilidad tengan un espacio donde desarrollarse. Eso sí, debe quedar claro: a la minería hay que tratarla con mano dura. Es una actividad que, si no se controla, puede causar daños ecológicos. Pero, al mismo tiempo, bien gestionada puede generar ingresos suficientes para que, por ejemplo, un policía gane 10 o 12 mil soles mensuales, reduciendo así la corrupción.
Huella minera
Dijo que la huella de la minería en el país es mínima, pues apenas representa el 0.2 % del territorio nacional. “Estamos hablando de 1’200,000 kilómetros cuadrados que tiene el Perú. Pero si aplanáramos los Andes, llegaríamos a unos 3’500,000 km²”, explicó.
Cifras reales
20 veces más es lo que estarían ganando los agricultores que dejaron el campo porque la minería es más rentable.
Proyecto Tía María marcaría un antes y un después
El empresario minero Jimmy Pflücker está convencido de que la puesta en marcha de Tía María marcaría un antes y un después en el sector. “Estoy seguro de que Tía María va a convivir perfectamente con la agricultura y será el ejemplo para que se activen 100 o 200 proyectos similares en todo el Perú”, afirmó.
Potencial
Jimmy Pflücker sostuvo que, si se llegara considerar la minería subterránea, el potencial minero del Perú incrementaría en dos millones de kilómetros cuadrados más. “El Perú es muchísimo más grande si lo vemos desde el punto de vista minero, sin que ello implique desplazar a la agricultura. Ambas actividades pueden coexistir sin problema”, subrayó.
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