Ana Calderón Sumarriva

En medio de la incertidumbre política como consecuencia de la cercanía de los resultados entre los contendores de la segunda vuelta electoral y las impugnaciones aún no resueltas, la invocación de un grupo de ex altos mandos de las Fuerzas Armadas en el sentido de observar y velar por la voluntad popular fue calificada como delito de conspiración para la sedición.

Es innegable que la doctrina jurisprudencial emitida por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país ha establecido criterios cada vez más rigurosos para imponer una medida de prisión preventiva. En búsqueda de convertirla en una medida excepcional y que funcione como última ratio.

Uno de los principales objetivos de nuestro legislador penal ha sido establecer las medidas pertinentes para garantizar el pago de la reparación civil en los accidentes de tránsito.

¿Cómo se puede conducir el destino de una nación cuando no se tiene ni idea de las causas de sus problemas? Es una de las interrogantes que nos hemos formulado por estos días. Al respecto, quedará para la anécdota lo dicho por uno de los candidatos a la presidencia de la República de nuestro país: “El feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado”.

Conforme se acerca la hora de retornar a las urnas para emitir nuestro voto en esta segunda vuelta electoral y con ello elegir al gobernante de nuestro país para el siguiente quinquenio, parece que disminuyen las esperanzas de un futuro mejor y que la carencia de un liderazgo integrador es una realidad indiscutible.

Nuestra legislación penal nunca se ha caracterizado por reaccionar de forma oportuna ante la variedad de hechos punibles que desde hace algunos años están presentes en nuestra realidad social.

Hace pocos días una de las bancadas del Congreso de la República presentó un proyecto de ley que incorpora la figura del delito contra la vida de los transexuales en el artículo 108-B del Código Penal, que tipifica el delito de femicidio.

Es preocupante que la incidencia de los delitos de infracción del deber en los que están involucrados funcionarios o servidores del Estado siga incrementándose en el Perú. A tal punto que hoy también alcanza a otros ámbitos profesionales: docentes, notarios, abogados, agentes inmobiliarios, etc.

Faltan pocos meses para celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Un Perú que en sus inicios solo tuvo cuatro departamentos y que en su primera norma (Reglamento Provisorio de José de San Martín) estableció un débil cuerpo administrativo y fiscal que también asumió la función jurisdiccional, aunque con enormes problemas generados por la guerra de la independencia.

En un artículo anterior mostramos el desaguisado que constituía la nueva denominación en nuestro Código Penal de los “delitos contra la dignidad humana” para sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación. Ahora, por el contrario, nos toca resaltar que en la misma Ley No.

Concluyó la primera vuelta de un nuevo proceso electoral en el Perú. Y pese al cuidado que debió tenerse por causa de la actual pandemia, se repitió la mecánica de todas nuestras elecciones anteriores.

La semana pasada se anunció la vigencia de la Ley N.º 31146, que no solo modificó el Código Procesal Penal y la Ley N.º 28950 (Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes), sino también el Código Penal.

Esta Semana Santa será muy especial por lo que representa como conmemoración cristiana y protección espiritual ante las pérdidas y carencias debido a la actual pandemia. Nos dará la oportunidad de convertir nuestros hogares en templos para que cada creyente mantenga vivos los ritos de nuestra religión y fe.

Hace unos años una excandidata municipal del interior del país me reveló que había pasado por una dura experiencia. Enfrentó varias denuncias penales iniciadas desde el mismo momento en que postuló al gobierno local de su región. La mayor parte de estas denuncias estaban motivadas por noticias de diarios locales y promovidas por la oposición.

Parece que en la sociedad de nuestros días aún no se han superado las manifestaciones de odio. Cada vez que existe riesgo para los valores e ideas imperantes o sentimientos extremos, peligros que provienen de algún sector minoritario o por cuestiones reales como oportunidades de empleo, ascenso o desarrollo económico, surgen una y otra vez.

En los tiempos actuales es imposible negar el rol fundamental que cumplimos las mujeres en la vida social. Las razones para esta aserción son muchas, pero podemos resumirlas básicamente en dos.

A diario nos enteramos de ciertos sucesos políticos que con seguridad causan indignación y protestas en nuestro país. En el actual estado de pandemia en el que vivimos, no hay duda del enorme riesgo al que todos estamos expuestos.

Desde el principio del estado de emergencia en nuestro país por causa de la actual pandemia, hemos visto las dos caras de Jano. Una de estas es la de la indiferencia -culposa y hasta dolosa-, que alcanza a quienes en diversos niveles han ejercido el poder para decidir, controlar y sancionar, pero no les ha importado los resultados -sea por desidia, actuación sesgada o incontrolable temor-.