César Gutierrez Peña

He venido sosteniendo que en el Gobierno se ha conformado un bloque profesional en el área económica que ha dado confianza al sector empresarial, que se encuentra en el Banco Central de Reserva (BCR), Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia de Banca y Seguros y Consejo Fiscal.

Se han generado tanta crisis política en el mandato gubernamental de Pedro Castillo, que para no caer en imprecisiones numéricas prefiero decir que es la enésima.

Mientras la clase política pone en el centro del debate público la vacancia presidencial, las acusaciones constitucionales al mandatario y la presidenta del Congreso, y la incredulidad del armisticio entre Ejecutivo y Legislativo, existe una agenda silente que comprende a consumidores del sector electricidad, Osinergmin y las distribuidoras que prestan el servicio.

Hasta el momento en las entidades gubernamentales no se han planteado hipótesis sobre el origen del derrame producido en el mar de Ventanilla el pasado 15 de enero.

El cierre de la carga y descarga en los cuatro terminales marítimos de Refinería La Pampilla SA (Relapasa), ordenado por el fiscalizador ambiental OEFA el pasado 31 de enero, generó preocupación en consumidores aeroportuarios, marítimos, transportistas terrestres y particulares.

Los informes periodísticos del derrame de crudo en el mar de Ventanilla, en una descarga para Refinería La Pampilla SA (Relapasa), propiedad del grupo Repsol, se ha centrado hasta el momento en el daño de pescadores y ecológico, que sin lugar a duda merece toda la atención por la gravedad del caso.

España es el país con el mayor stock de inversión extranjera directa en el Perú, 18% del total, nada menos que 4,983 millones de dólares (MMUS$), y la relación de sus empresas con la nación ha tenido sus altibajos.

Los concursos de adquisición de biodiésel (B100) por parte de Petroperú que han generado gran revuelo mediático, han ameritado una preocupación supina del contralor Nelson Shack, que en los últimos tiempos se ha convertido en un “superstar” de los medios de comunicación haciendo declaraciones sentenciosas.

Las desentendidos de la catastrófica debacle que experimentábamos en el sector de exploración y producción de petróleo y gas, bajo responsabilidad de la empresa estatal Perupetro, ahora se interesan, rasgan vestiduras y exhiben currículums de los presidentes que pasaron por la empresa, todo a raíz de la designación de Daniel Salaverry en el cargo.

El 2021 cerró con una inflación de 6.4%, y el gas licuado de petróleo (GLP) está entre las variables influyentes, el de uso vehicular se incrementó en 78% y el utilizado en los hogares en 51%; cifras para la preocupación de cualquier gobierno, dado que lo utilizan el 70% de los hogares y cerca de 200 mil unidades que brindan el servicio de transporte de pasajeros.

La adquisición de biodiésel el pasado 5 de noviembre, por parte de Petroperú, por la suma de 74 millones de dólares (MMUS$), se ha convertido en el tema central de la opinión pública, luego que en dos programas televisivos dominicales se hicieran afirmaciones sobre supuesta intervención presidencial que habría influido en la decisión tomada en la petrolera estatal.

Hay que ser bastantes cuidadosos con la lectura de las cifras que nos deja la economía este año. Desde el discurso político gubernamental el crecimiento del PBI que va a oscilar entre 11.0% y 13%, será lo que resaltarán. Con esto estamos en un escenario que comparado con el 2019, el PBI estará entre 1.21% por debajo, hasta 0.57% por encima.

La reciente votación sobre la moción de vacancia puso de manifiesto a nuevos aliados del gobierno de Pedro Castillo, cuya posición como opositores desde siempre fue dudosa: Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP).

El Gobierno ha superado una de las crisis más complicadas que ha vivido en sus cuatro meses de gestión, no lo ha hecho por mérito propio, sino por demérito de sus fustigadores en dos ámbitos: el de la investigación periodística y de la oposición parlamentaria.

Luego de la fallida incursión antiminera en Ayacucho de la premier Mirtha Vásquez, donde ha tenido que retroceder en su anuncio de que el Ejecutivo no daría más ampliación de plazo al plan de cierre de cuatro minas, ha empezado a difundirse desde el Gobierno una propuesta para modificar la legislación sobre el “ordenamiento territorial” (OT), en particular del artículo 22 de la ley 30230, promu

El terremoto creado el viernes pasado por la premier Mirtha Vásquez, por su sentencioso discurso en Coracora, capital de la Provincia de Parinacochas, de la región Ayacucho, donde daba por iniciado el plan de cierre sin ninguna posibilidad de ampliación de plazos de cuatro mineras en esa región, tuvo varias réplicas el fin de semana.

Desde el Ejecutivo han decidido que Petroperu tenga que desarrollar otras actividades adicionales a las de refinación y comercialización, que ha venido realizando hace 25 años.

Recientemente, se sumaba la gestión transitoria de distribución de gas natural (GN) en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, ante el retiro de la española Naturgy, que era la titular.

El Gobierno ha ingresado a un periodo de relativa estabilidad luego de 100 días de indecisiones y desatinos que lo ha hecho transitar por un periodo turbulento, que generó en la oposición una expectativa de vacancia.