La permanencia de Martín Vizcarra en el cargo de capitoste del Poder Ejecutivo es impredecible, los señalamientos siguen incrementándose y su defensa basada en el negacionismo no es creíble; no solo para los opositores sino hasta para sus defensores. La vacancia siempre seguirá siendo una espada de Damocles con la que tendrá que convivir.
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César Gutierrez Peña
En el álgido tema de emitir normativa para la operación del mercado de transacción de déficits y excedencias del mercado eléctrico, denominado mercado spot, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha decidido ser un agente pasivo, que otros decidan y se limitará a publicar lo decidido.
La reciente ley aprobada en el Congreso para la reprogramación de deudas con las entidades del sistema financiero (ESF) hay que verla no solo del lado de los deudores, sino también de los acreedores.
Luego de la caída estrepitosa del PBI en 30% en abril pasado, las miradas para ser optimista en la recuperación de la economía han estado puestas en la evolución de la demanda de electricidad.
Luego del respaldo empresarial al gobierno a nombre de “la estabilidad política, social y económica del país”, que lo entiendo entre el temor a que la situación hubiese podido empeorar y la satisfacción de los grandes beneficiarios de recibir casi la totalidad del préstamo de 30 mil millones de soles del Plan de Reactiva Perú I, ahora compete el momento de la responsabilidad y empezar a leer co
El establishment ha decidido apostar por la continuidad de Martín Vizcarra en el manejo del país, parte de él, el gremio de gremios empresariales, Confiep, ha dicho en comunicado oficial que lo hace “por la estabilidad política, social y económica del país”.
La semana pasada la filial peruana de la gasífera española Naturgy decidió la resolución del contrato de concesión de distribución de gas natural (GN), de las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna, que tenía firmado con el Estado peruano desde el año 2013.
He sido persistente crítico en los últimos cuatro años de las prácticas de importación de biodiésel (B100) con afectación a la agricultura e industria nacional. Me generan legítimas suspicacias.
Las empresas que participan en Asociaciones Público Privadas (APP) deben seguir con detenimiento el debate que se viene desarrollando en el Congreso, en la Comisión de Defensa al Consumidor, sobre la denominada “Tasa de Actualización” (TA) del sector electricidad, variable fundamental en la formación de precios al consumidor.
El principal señalamiento que se le hace al actual Congreso, es de populista, siendo el punto de partida la devolución del 25% de los fondos individuales de pensiones, con un tope de 12,900 soles, aprobado por amplia mayoría y que el señor Martín Vizcarra no se atrevió a observar. El descrédito de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las hizo indefendibles.
Las recientes noticias sobre las pérdidas de Credicorp en el segundo trimestre (IIT) de este año, que ascendieron a 620 millones de soles (MMS/), atribuida al congelamiento de deudas en los meses de abril y mayo, así como el incremento de provisiones -aportes de capital por deudas impagas- son una clarinada de alerta de lo que está ocurriendo en el sistema bancario.
La infraestructura de transporte es intensiva en uso de capital, de allí que la decisión estatal hasta la fecha ha sido concesionarla con un cofinanciamiento utilizando fondos públicos, de manera que el concesionario pueda recuperar su inversión por el cobro del servicio, sin que el costo para el usuario resulte oneroso.
El último gran esfuerzo para la disminución de los gases de efecto invernadero (GEI) se ha hecho en el 2015, con la firma del Acuerdo de París, que se ha puesto como meta que para el final del siglo XXI el calentamiento de la tierra, se encuentre 2ºC por debajo del período preindustrial (1850-1900).
En vísperas de su salida de la cartera de Energía y Minas (Minem), Susana Vilca firmó una resolución ministerial (RM-175-2020-MINEM/DM), prepublicando la modificación de siete decretos supremos (DS), relacionados con reglamentaciones de leyes y decretos legislativos que norman actividades del sector electricidad.
El debate público sobre la ratificación en el Congreso peruano del Tratado de Escazú amerita la máxima atención.
El mes de julio lo ha empezado el gobierno con una confluencia de problemas que no pueden atribuírselo a terceros, aunque ha hecho ensayos, como el caso del suministro de oxígeno que pretendió achacárselo a un gobierno que culminó hace 11 años.
La apertura de las actividades desde el 1 de julio le han empezado a llamar el retorno a la normalidad, más propio sería denominarlo a la realidad, pero ahora con una problemática inimaginable hace cuatro meses.
El gobierno se viene mostrando en este aislamiento obligatorio, como prolífico asignador de fondos públicos para afrontar las dificultades que está generando el coronavirus en la salud pública y en la economía.
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