La vacancia de Dina Boluarte marca el final de un período vergonzoso de improvisación, cinismo y abandono moral del Estado. Su salida no es una victoria política, sino una señal del agotamiento de un modelo de poder basado en el engaño, la corrupción y la falta absoluta de liderazgo.
ÚLTIMA HORA
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Francisco Diez Canseco T.
Escribo estas líneas desde el Cusco, epicentro de un conflicto que afecta directamente a la joya del turismo peruano: Machu Picchu.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha expedido un reglamento que regula los contenidos de los spots de la franja electoral en las Elecciones Generales y Primarias.
El reciente anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de que pretendía anular el registro de Perú Acción por haber detectado cuatro supuestas firmas falsas en una fiscalización posterior, constituye un acto arbitrario, ilegal y profundamente atentatorio contra la seguridad jurídica y la democracia en el Perú.
El anuncio del Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de promover una “acción de lesividad” contra la inscripción de Perú Acción constituye un hecho gravísimo. Bajo el pretexto de una supuesta fiscalización posterior, se pretende desconocer un acto administrativo firme y legalmente válido, con el argumento de que se habrían encontrado firmas falsas en el padrón de adherentes.
La prisión preventiva debería ser un mecanismo excepcional, pero en el Perú se ha convertido en un terreno de arbitrariedad y desigualdad. Mientras algunos políticos son encarcelados sin pruebas contundentes, otros, con culpas evidentes y peligros reales de fuga, son liberados con argumentos procesales que rozan la complacencia.
El Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) nació en 1979 con la promesa de transformar los aportes obligatorios de los trabajadores en viviendas, agua, desagüe y electrificación. El mecanismo parecía simple: cada trabajador aportaba un porcentaje de su remuneración y, a cambio, el Estado debía garantizar que esos recursos se invirtieran en programas sociales que los beneficiaran directamente.
El Congreso de la República, concebido para representar la voluntad popular, se ha transformado en un espacio distante y muchas veces ajeno a los intereses ciudadanos. La crisis de legitimidad que enfrenta exige reformas profundas, no cosméticas.
En los márgenes del territorio peruano, miles de compatriotas sobreviven en el olvido. Las zonas fronterizas, especialmente en la Amazonía, son testigos de un abandono histórico que pone en riesgo no solo la dignidad de sus habitantes, sino también la soberanía nacional.
Desde su llegada al poder, Gustavo Petro ha ido creando conflictos artificiales, cuya expresión actual es el de carácter limítrofe con el Perú y que tiene por objeto ocultar sus visibles fracasos de gestión.
En el Perú, más de 4 millones de adultos mayores enfrentan la vejez entre el abandono, la enfermedad y la pobreza. De ellos, más de 800 mil han sido incorporados al programa Pensión 65, supuestamente para aliviar su situación.
Cada 28 de julio, el Perú conmemora un nuevo aniversario de su independencia. Es el Día de la Patria, una fecha que no debe limitarse a ceremonias formales, discursos oficiales o desfiles coloridos. Debe ser una jornada de profunda reflexión sobre quiénes somos, qué hemos heredado y hacia dónde vamos como nación.
El transporte en Lima y Callao sigue siendo uno de los principales problemas estructurales del país. La congestión crónica, la informalidad y la inseguridad afectan diariamente a millones de ciudadanos. Según estimaciones recientes, las pérdidas por tráfico ascienden a más de S/ 27,000 millones al año, y los limeños pierden en promedio 198 horas anuales atrapados en el tránsito.
El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado en 2012, fue concebido como un mecanismo transitorio para permitir la formalización progresiva de los pequeños mineros y mineros artesanales.
El Perú enfrenta una profunda desigualdad educativa entre el sector público y el privado. Las pruebas PISA lo confirman: mientras los estudiantes de colegios privados de élite logran puntajes comparables a países desarrollados, los del sector público —especialmente en las áreas rurales— quedan relegados por más de un año escolar de diferencia.
El colapso del puente de Chancay en dos ocasiones —marzo de 2023 y febrero de 2025— es una dolorosa evidencia del grado de descomposición y desgobierno que padece el Perú. En ambas tragedias hubo advertencias, alertas técnicas, reclamos ciudadanos y pedidos de intervención. Y en ambas, la respuesta fue la misma: abandono, negligencia y corrupción.
Atendiendo a una cordial invitación, concurrí al restaurante Mi Barrunto para disfrutar, como siempre, de una de las mejores cocinas del Perú, atendida con eficiencia y cordialidad. Esta visita no solo me permitió deleitarme con sus inigualables platos marinos, sino también reflexionar sobre el notable ejemplo de emprendimiento que representa este restaurante para el país.
La idea de trasladar presos peruanos a cárceles de El Salvador ha sido promovida por algunos sectores como una medida eficaz contra la inseguridad. Sin embargo, esta propuesta es inconstitucional, ilegal, antieconómica, ineficaz y, sobre todo, una afrenta a nuestra soberanía.
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