Luis Gonzales Posada

Estamos a 53 días de los comicios y no conocemos qué partidos y candidatos competirán, porque el Jurado Nacional de Elecciones retira y reincorpora participantes sistemáticamente, cometiendo, al mismo tiempo, deplorables abusos de autoridad, como eliminar la lista parlamentaria del APRA.

Bob Woodward, célebre periodista de investigación del Washington Post, diario que develó el caso Watergate, provocando la renuncia del presidente Nixon el 9 de agosto de 1974, pasó largo tiempo entrevistando docenas de personas, revisando archivos y documentos para publicar, en 2018, el libro Miedo: Trump en la Casa Blanca.

Domingo García Rada fue un admirable catedrático de la Universidad de San Marcos, de reconocida calidad humana y ejemplar conducta democrática.

Los verdaderos héroes del Perú son 516 policías - entre ellos, el general Julio Mercado, director de Sanidad Policial - y 400 trabajadores del sector salud que fallecieron de covid-19; cifras que son mayores porque la data del Minsa corresponde a septiembre, donde incluyeron 75 galenos, porcentaje que se ha elevado a 255 profesionales muertos, de acuerdo al Colegio Médico del Perú.

El Congreso de la República o el exmandatario Manuel Merino deberían denunciar a Martín Vizcarra por afirmar, con su habitual cinismo, que en su gestión no compraron vacunas contra la covid-19 “porque me vacaron” y porque el 26 de septiembre envió al Parlamento un proyecto de ley “para que podamos tener vacunas rapidísimo”. Ambas versiones son falsas.

Lo que sucede en Venezuela es una tragedia para ese país y para la democracia internacional, que observa con impotencia el avance de una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos, hace del fraude electoral un perverso sistema para mantenerse en el poder y acrecienta la catástrofe económica de un Estado fallido.

Mañana, 6 de diciembre, se realizan elecciones parlamentarias en Venezuela, calificadas de fraudulentas por la comunidad internacional.

No debemos guardar silencio, porque ha sido ilegal y humillante el atropello cometido por el Gobierno contra la Policía Nacional, violando la ley y afectando no sólo a esa institución sino al Estado de derecho constitucional y democrático.

El sábado pasado escribí en Expreso: “Vivimos tiempos de oscuridad, confrontación y violencia, que abren puertas a escenarios inimaginables.

Vivimos tiempos de oscuridad, confrontación y violencia, que abren puertas a escenarios inimaginables. No buenos, por cierto.

Los analistas políticos latinoamericanos han debatido ampliamente sobre las elecciones estadounidenses, pero no han advertido que desde hace seis décadas demócratas y republicanos no han interesado en construir una plataforma de intereses y cooperación con nuestros países, a pesar de que el voto latino asciende a 32 millones y la comunidad hispánica es de 61 millones de personas, que representa

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, organismo de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile, cuenta con un presupuesto anual de 60 millones de dólares y utiliza el 86% de ese dinero en pagar sueldos a 478 personas.

América Latina ha ingresado a un periodo de tóxica turbulencia política y oscuridad en sus relaciones internacionales, de confrontación e inestabilidad, en circunstancias que la pandemia golpea implacablemente al continente.

No pueden considerarse como simples declaraciones irresponsables o demagógicas las extrañas versiones brindadas por el presidente Vizcarra para “explicar” los bochornosos audios grabados con sus secretarias en Palacio de Gobierno o las denuncias de ilícitos que habría cometido como gobernador de Moquegua y ministro de Transportes en el gobierno del presidente Kuczynski.

No es posible dejar de comentar un conjunto de inexplicables desatinos (o torpezas) cometidas por el Gobierno.

Al cumplirse el primer aniversario de la disolución del Congreso, cada vez más peruanos consideran que esa medida inconstitucional fue producto de un operativo político planificado para exterminar una bancada –Fuerza Popular–, desacreditada por graves errores cometidos y severamente afectada por un demoledor cargamontón mediático alentado por el propio mandatario Vizcarra, con el propósito de i

El próximo Gobierno tendrá la histórica responsabilidad de hacer frente a la catástrofe económica y sanitaria provocada por la COVID-19, y por el opaco desempeño del actual régimen en su política de inversiones.

Cada cierto tiempo nos preguntamos para qué sirve las Naciones Unidas, institución que cuenta con un presupuesto anual de 3100 millones de dólares y tiene 44 mil empleados, distribuidos en 193 países.