Yeni Vilcatoma

El grado de criminalidad y corrupción generalizada que existe en el Gobierno Regional de Junín, la Municipalidad de Huancayo y demás instituciones en la región justifican con suficiencia la creación de una comisión investigadora con facultades especiales.

Era un secreto a voces, se decía que Vladimir Cerrón seguía ejerciendo el poder desde la sombra luego de dejar el cargo de gobernador regional de Junín. Ahora esto se confirmó esta última semana, un audio reveló que las obras en Junín continúan su ejecución o son declaradas nulas también en plena ejecución.

Hace tiempo nos hemos convencido que un problema mayor al de tener a un gobierno comunista, incapaz, cuestionado por corrupción, por narcotráfico y terrorismo, es contar con congresistas de la República también corruptos que han abdicado a su deber de ejercer control político para garantizar el equilibrio de poderes.

Los peruanos no merecen seguir sufriendo las consecuencias de la ignorancia de Pedro Castillo, hemos soportado la corrupción, la repartija y el copamiento de los estamentos del Estado por amenazas graves para el Perú. El terrorismo y el narcotráfico se fortalecen en cargos públicos y de poder.

Es desolador comprobar cómo la corrupción opera a diestra y siniestra con total impunidad a lo largo y ancho de nuestro país, poniendo incluso en riesgo la vida de los peruanos.

Un caso concreto lo tenemos en Huancabamba, la carretera Canchaque - Huancabamba que se ha construido en una vía de exposición al peligro de quienes la transitan.

Phillip Butters es sin duda el periodista más frontal contra el gobierno de Pedro Castillo, en sus diversos programas, tanto digitales, de radio y televisión ha desnudado siempre con acierto los actos de corrupción de este gobierno y de los que los antecedieron.

Zoraida Ávalos abdicando a su función como persecutora del delito, ha decidido blindar a Pedro Castillo. Gracias a ella, el Ministerio Público está de rodillas al gobierno de turno, pasó de Martín Vizcarra a sostener un régimen de izquierda, que además de corrupto es una amenaza para el Perú en términos de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Al fin de año ha quedado claro que el principal problema que tenemos en el Perú es el Congreso de la República, debido a que los congresistas han decidido abdicar a su labor de fiscalización y control político sometiéndose al gobierno de turno, de tal manera que no existe un equilibrio de poderes.

Impedir el ingreso a un fiscal para que éste realice un acto de investigación propio de su función en un caso en concreto, se llama acto de obstaculización que evidencia el peligro procesal. El artículo 224 del Código Procesal Penal obliga a todo funcionario o servidor público a mostrar y entregar información pública al fiscal y este la puede incautar.

Al iniciar este régimen se vislumbró que el verdadero problema sería la inoperancia de los congresistas. Pese a lo evidente del fraude en la segunda vuelta electoral, no hicieron ni siquiera el uso de la palabra en ningún espacio que tienen. De por sí eso ya es preocupante.

La corrupción cometida en manos de organizaciones criminales enquistadas en el aparato estatal no es nueva en el Perú, el caso más grave lo vimos en la Región Ancash, se ejerció el poder de forma paralela desde la Centralita, allí César Álvarez y sus funcionarios despachaban. También funcionaba el aparato mediático de campaña psicosocial, que lo ensalzaba y a la vez demolía a los opositores.

Mediante Escrito de fecha 5 de octubre del 2021, Eddy Villarroel “Sacha” solicitó el levantamiento de la medida de impedimento de salida que pesaba sobre él ante la SEGUNDA SALA PENAL SUPERIOR NACIONAL TRANSITORIA ESPECIALIZADA DE CRIMEN ORGANIZADO, al haberse concluido el proceso con el retiro de la acusación por parte del señor fiscal Superior, en la investigación en su contra por terrorismo.

Cuando ya se había hecho notorio el pacto de sobrevivencia entre los congresistas y el Gobierno del Lápiz, sale una voz que ha decido diferenciarse, la congresista Patricia Chirinos hasta hoy es la única que ha reaccionado escuchando los gritos de vacancia de miles de peruanos y ha tomado la firme decisión de elaborar una vacancia presidencial.

Mientras muchos se preguntan si los congresistas cambiarán de actitud para recuperar la democracia, día a día se nota más la existencia de un pacto infame de sobrevivencia entre el Parlamento y el gobierno del lápiz.

Recordemos que el doctor Avelino Guillén ejerció el cargo de Fiscal Supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. Durante su gestión, hay que decirlo fuerte y claro, sí se combatió la corrupción de magistrados del Poder Judicial por la comisión de delitos en el ejercicio de la función.

Estamos ante una violación constitucional continuada, que confronta el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, para determinar cuál es el que merece la tutela constitucional y jurisdiccional.

El derecho a elegir, toda vez que el poder emana del pueblo, prevalece sobre el derecho a ser elegido.

Como gato en el despensero, así está blindado Perú Libre y sus integrantes con el nombramiento del nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela.

La crisis en nuestro país se agrava minuto a minuto, requerimos que nuestras autoridades en el Ministerio Público adopten las decisiones que pongan tras las rejas a quienes ejercen el poder desde la sombra.