Alejandro Tudela Chopitea

En apenas un mes y días, la sucesora presidencial debe convocar a elecciones generales.

Cuando la gestión pública demuestra su peor cara, con puentes que colapsan trágicamente (Chancay) o que no existen (Santa Rosa), y Dios sabe cómo se accederá civilizadamente al nuevo mega terminal aeroportuario de la capital, el actual desgobierno que se padece nos regala otro atropello “político” rechazado por tirios y troyanos.

Entre el montón de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente “Big Kick” Trump en la primera semana de su administración, por lo menos dos de ellas —hasta ahora— ya tienen consecuencias sobre el país y para los peruanos en situación migratoria irregular o ilegal en EE. UU., respectivamente.

Lo ocurrido el viernes pasado no solo resultó sorpresivo, sino digno de Ripley, aunque usted no lo crea.

Con esta obra de teatro, Gabriel Cárdenas, precisando que él es naturalmente homosexual, hace públicos los aprietos que tiene relacionados con el género y la religión. Para tratar el tema, Gabriel Cárdenas se refiere, con irrespeto, a la Virgen María, sin importarle que, para los cristianos, fue la madre de Cristo.

Aceptemos que en algunos casos en los que no se dio el supuesto de flagrancia delictiva –en cristiano, que no se atrapó al delincuente con las manos en la masa–, se han podido cometer excesos o abusos en la aplicación de la detención preliminar judicial y que, por cierto, deben ser evitados. Muy bien.

El viernes pasado, debió jurar como nuevo Presidente Constitucional de Venezuela Edmundo González Urrutia, legítimo ganador de los comicios celebrados en julio del año pasado.

La Fiscal de la Nación (FN), de un plumazo –mejor dicho, con una sola resolución de su despacho– dio por concluidos a los tres coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y de la de Extinción de Dominio, respectivamente, decidiendo que la coordinación de los tres sistemas fiscales quede a cargo de un Fiscal Adjunto Supremo

La reciente Sentencia Plenaria del TC que autoriza la publicidad del controvertido Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz suscrito entre el Equipo Fiscal Especial del Caso Lava Jato y las empresas del corrupto Grupo Odebrecht, homologado y ejecutado judicialmente, es una gran noticia en beneficio del obligatorio control ciudadano sobre los actos del Estado, no pocas veces reacio a transpar

En la columna pasada, nos referimos a varios desaguisados legales cometidos en el Congreso con el acompañamiento o complicidad del Ejecutivo. Uno de los más escandalosos –cada vez son peores– es la Ley No.

En lo que ayer se conocía como Estudios Generales –antes que apareciesen los benditos grados en las carreras– a los cachimbos de Derecho se nos enseñaba que un principio básico de la ley es su generalidad, es decir, no existen normas legales con nombre propio y tampoco especiales salvo por la naturaleza de las cosas, pero nunca en razón de la diferencia de las personas o por intereses subaltern

Jaime Miranda Sousa, también apreciado columnista de EXPRESO, al igual que centenares de personas más, ha calificado con acierto que uno de los graves problemas que afectan la paquidérmica administración del Estado es la fracasada regionalización del Perú y que esta debe ser corregida prioritariamente.

El mes pasado, la sucesora presidencial, sin medir las negativas consecuencias dentro y fuera del país, borró con una mano lo que regularmente bien hizo con la otra. Lo peor es que, transcurridos los días, todo indica que no tiene voluntad alguna de enmendar el dislate y de siquiera barajar los lamentables sesgos ideológicos –entre otras cosas– que la lastran ante la ciudadanía.

Aclaramos, por si hubiere algún despistado, que no existe compadrería con el controvertido personaje objeto de estos borrones. Al punto.

Resumir en estos renglones la Cumbre de APEC y el resultado de las visitas de Estado simultáneas sería imposible.

Por tercera vez, el Perú es sede de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La primera fue en 2008 durante el gobierno de Alan García y la segunda en 2016, apenas iniciado el de PPK.

Algunos dirán que nos adelantamos, que todavía la sentencia no es firme en la Corte Suprema de Justicia. La verdad, no tenemos duda de que esta se confirmará en la Sala de última instancia, como no la tenemos de que jamás un JNE ajustado al Estado de Derecho Constitucional hubiese inscrito en el Registro de Partidos Políticos semejante engendro antidemocrático.

Volver a Colombia después de algunos años ha sido una experiencia valiosa. En el pasado, las visitas fueron más turísticas, comenzando por la metropolitana Bogotá, siguiendo por esa joya universal que es Cartagena de Indias y terminando en el bello archipiélago de San Andrés, en el mar Caribe.