César Gutierrez Peña

Durante el 2024 hemos escuchado y leído la campaña de ofrecimientos de concesionarios de distribución y transporte de gas natural, de inversiones condicionadas a la prórroga de sus contratos de concesión que les ha otorgado el Estado peruano.

Si de gestionar carteras difíciles se trata, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) es una de ellas: confluyen temas técnicos, problemas sociales y presiones de grupos de interés sobre causas que pueden colisionar con el interés nacional.

La confrontación entre fósiles y ambientalistas es global. El interés económico está de por medio, ya sea por la inversión que significa tener procesos productivos amigables con el medio ambiente, como por no disminuir la producción hidrocarburífera.

En el Congreso peruano, cada semana se publica un supuesto listado de temas a debatirse, una lista de lavandería, hablando en términos hoteleros, por si acaso. También se menciona una lista priorizada; los que presumen con el spanglish le llamarían “short list”.

Ser sentencioso sobre lo que le espera al Perú en el nuevo mandato de Donald Trump es aventurado; en la opinión inevitablemente existirá mucha componente emocional sobre la figura del republicano y de la derecha conservadora norteamericana. Haciendo un esfuerzo para ser objetivo, hay una variable ineludible: la posición que tiene el presidente electo sobre China, que nos pone de por medio.

En las últimas semanas he sido repetitivo en exigir que la mesa directiva del Congreso ponga al debate y al voto los dictámenes sobre energías renovables (RER) y la masificación del gas natural (GN), que están detenidos desde hace meses. El presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, ha sido protagonista en ambos casos.

El proyecto de ley promotor de las energías renovables (RER) aprobado en mayo del año pasado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso (Dictamen N° 30) es materia de una extraña manipulación en la mesa directiva del Legislativo.

La semana pasada, el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP) retornó nuevamente al centro de la noticia, con la decisión del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de dictar prisión preventiva por 36 meses al conocido ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

Este mes de octubre, el Consejo Fiscal (CF) cumplirá 11 años de existencia, y la influencia de sus apreciaciones está resultando nula; es una tendencia en los últimos tres años. La situación es aún más grave cuando emite opinión, ya que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las tildan de políticas.

Los voceros de los “fósiles” (productores de gas natural y termoeléctricos gasíferos) y sus cajas de resonancia han estado activos a régimen 24 x 7 en las últimas semanas. Intentan convencernos de que están muy preocupados por los costos al consumidor. Como no es su comportamiento habitual, y pruebas de ello existen, cabe la interrogante: ¿a qué se debe esta conversión casi religiosa?

El anuncio de que había sido despertado de su letargo de 16 meses el dictamen N.º 30, aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, encendió las alarmas en los predios de los fósil lovers de la electricidad. Se trataba de la resurrección de una posible ley que favorecería a los promotores de la generación de electricidad con recursos renovables (RER).

Luego del salvataje estatal más grande que haya recibido Petroperú en sus 55 años de existencia, que asciende a 3,852 millones de dólares (MMUS$), entre líneas de crédito, capitalización de deudas, asunción de deudas con vencimiento en el segundo semestre de este año y un nuevo préstamo; ha habido pronunciamientos de entidades internacionales que ameritan interpretarse.

La discusión sobre la gestión de Alberto Fujimori será inacabable; hay elementos para valorarla a favor y en contra. Tengo la percepción del gobernante pragmático que tomaba decisiones cuidando no tener colisiones mayúsculas con el modelo económico que impuso, pero a la vez pensando en el rédito político.

Hace una semana, en los previos de los relevos ministeriales, se daba por descontada la salida de José Arista del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A la hora de los hechos, no se produjo; fue ratificado.

Petroperú y la Nueva Refinería Talara (NRT) cumplen una década de incesante trajín mediático. Se inicia con la aprobación del contrato para su construcción en el primer semestre del 2014, respaldado por la Ley 30130, promulgada en diciembre del 2013.

La crítica de la migración del funcionario estatal a la empresa privada de su sector se ha mantenido durante el período 1994-2021, con un cambio de giro a partir de diciembre de 2022, cuando se empezó a practicar entre instituciones y empresas estatales relacionadas, como es el caso del Ministerio de Energía y Minas, Petroperú S.A. y Perupetro S.A.

Desde su ingreso en febrero pasado como titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Rómulo Mucho se mostró ávido por tener espacio en la cobertura mediática y empezó a buscar protagonismo por lo que menos conoce, el sector energía.

La semana pasada, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Rómulo Mucho, con un estilo teatral en dos actos, intentó captar la atención mediática con noticias sobre las reservas de gas natural (GN).