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Enrique Valderrama

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Director de la plataforma de opinión Web Punto de Encuentro. Coordinador del Centro para la Democracia Social. Activista Político.

Uno de los proyectos más importantes de gran infraestructura en el país de los últimos años es el Mega Puerto de Chancay; en el mismo se invertirán y ya se han invertido miles de millones de dólares. Se calcula que la inversión final bordeará los 4 mil millones de dólares.

Boluarte tuvo la oportunidad de dar un mensaje diferente con el escándalo que terminó de llevarse a Alberto Otárola de su puesto al frente de la PCM. Era claro que el exhumalista ya venía desgastado y su tiempo político se había agotado hace meses.

Hasta hace unos pocos años el presupuesto del Parlamento rozaba los 400 millones, hoy supera los 1000 millones; gran parte de este incremento se enfoca en la contratación de personal de cada parlamentario y otras ventajas bastante estériles para los fines nacionales. Desde hace un tiempo cada año el Congreso incrementa sus gastos de manera desenfrenada.

Debería ser el letrero escrito en las puertas principales o las redes sociales oficiales del Ministerio de Vivienda y del Fondo MiVivienda.

Esta semana se va a votar el informe sobre la JNJ y la posibilidad de su destitución. Naturalmente es el tema que estructurará el debate de estos días. Hay que señalar en principio que el retraso en el abordaje de esta cuestión se debe en buena medida a la acción de Fuerza Popular y de Alianza Para el Progreso de Acuña.

Las declaraciones de Jaime Villanueva, el mismo asesor que con sus dichos originó que suspendan a Patricia Benavides de manera sumaria, ha hecho explotar una bomba atómica en el debate público sobre el sistema de justicia en general pero sobre el Ministerio Público en particular.

El sector que usualmente apoya a Gustavo Gorriti, Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez estaba celebrando las declaraciones de Jaime Villanueva alrededor de la suspendida ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El lawfare o judicialización de la política para perseguir adversarios e intentar anularlos y encarcelarlos es un fenómeno que no es privativo del Perú; apareció en todas partes de Latam y del mundo. Usualmente estas tramas tienen por protagonistas fiscales y jueces con ansias de dinero y sobre todo de exposición mediática para luego incursionar en la política.

Dos son los grandes retos de los próximos años en el país: la reactivación económica con enfoque popular y la seguridad ciudadana. El Gobierno no tiene plan para ninguno de estos dos asuntos. La seguridad es central pues sin ello la inversión grande o pequeña no se despliega..

Pienso que en materia de combate al crimen hay cuatro grandes decisiones que se necesitan abordar:

Quisiera mencionar algunos debates importantes que debemos dar en este acápite de la salud, al que desde las conferencias “Agenda Social” hemos dedicado una sesión usual de las 14 que ya llevamos en Miraflores y una especial en Surco:

Hace alrededor de 14 años recuerdo que el historiador Antonio Zapata, invitado por mí en nombre de un colectivo aprista juvenil a uno de los tantos debates e intercambios de ideas que organicé, en los cuales participaron también Hugo Vallenas, Jefrey Klaiber, Tito Agüero, Raúl Chanamé, Raúl Arístide Haya, Teodoro Hampe, entre otros; mencionó una frase que recuerdo con mucha nitidez: “Gran parte

Más allá de que una intervención o allanamiento sea irregular, existen procedimientos para protestar frente a arbitrariedades y se respeten las normas. La república significa, entre otras cosas, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Frente a los abusos entonces existe un marco normativo para oponerse.

En Perú se vive un escenario de precariedad alrededor del sistema de justicia. Hace pocos años se cambió el “Consejo Nacional de la Magistratura” por la denominada “Junta Nacional de Justicia”. Aquel cambio estuvo auspiciado por Martín Vizcarra, entonces Presidente, quien presionó y logró una gran influencia indebida en el Ministerio Público y en el Poder Judicial a través de la JNJ.

La pequeña minería, ancestral y artesanal debe hacer girar alrededor de 600 mil familias peruanas cuando menos -algunos afirman el triple- y curiosamente extraen la mitad del mineral del país versus la gran minería moderna. En el sur mucho de este mineral termina en Bolivia y otra parte, mencionan testimonios desde Apurímac, que va a China a modo de tierra casi sin procesar incluso.

Este año que culmina en unos días ha sido intenso en cuanto a hechos que han marcado la coyuntura nacional o la han influenciado. Un repaso se hace necesario para sacar conclusiones y aprendizajes. Agruparé los temas en 4 bloques:
1- Sistema de Justicia

Desde el APRA, con distintos comités regionales, provinciales y distritales hemos venido discutiendo en los últimos meses, a través de reuniones presenciales y virtuales, la necesidad de la estructuración de una gran “agenda social” nacional, con sus derivadas subnacionales; para obtener del tejido social mismo sus principales inquietudes.

La polémica está a la orden del día en torno a dos de los grandes temas que han marcado la semana pasada, frente a los cuales hay que mostrar coherencia y actitud auténticamente republicana y democrática. Pongo a disposición de los lectores de Diario Expreso y de mis compañeros de fe política breves puntos sobre estos dos espinosos asuntos para construir una posición equilibrada y racional:

Castillo dio su golpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado y tras ser desacatado por la PNP y las FFAA acabó preso. Por sucesión constitucional asumió Dina Boluarte y tuvo en ese momento la oportunidad histórica de constituirse en un gobierno de transición que convoque elecciones generales en un año o menos.

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