Gastón Soto Vallenas

A cien días de haberse inaugurado la administración del presidente Castillo y, la incertidumbre y el desconcierto que siguen siendo las características dentro de las cuales se desenvuelve el diario vivir de la población peruana, resulta preocupante no estar en condiciones de saber el derrotero que se quiere seguir y, por lo tanto, identificar la meta que se pretende.

En el accionar de la política, tanto desde el lado de los que tienen el poder como de los que actúan presionando a los que lo ejercen, hay que tomar en cuenta de que son dos los criterios que deben de evaluarse. Uno es el de la legalidad y el otro el de la legitimidad.

Contra la Ley 31355, que fuera observada y, luego aprobada su insistencia por el Congreso de la República, como ya lo habían anunciado algunos ministros de Estado, se ha promovido una acción de inconstitucionalidad, con la finalidad de conseguir su anulación por decisión del Tribunal Constitucional.

El cumplimiento de las obligaciones que algunas personas deben de atender implica que, de no ser respetadas, afectan el derecho de los demás.

A escasos días de la juramentación del segundo gabinete ministerial, y a menos de tres meses de inaugurado el actual periodo presidencial, continúa la inquietud por lo que pueda suceder los próximos días cuando, nuevamente, se requiera la decisión congresal para, luego de su presentación de la política general de gobierno, la representación parlamentaria decida por rechazar o no la confianza al

El alto precio que el pueblo peruano viene pagando por los continuos errores cometidos por quienes tienen a su cargo la administración pública, obliga a que, con rapidez y efectividad, el Congreso de la República cumpla con su control de fiscalizar y controlar al órgano Ejecutivo, en las personas de quienes integran el equipo ministerial.

A casi dos meses de haber asumido la jefatura del Estado, el presidente Castillo y, en particular, su actual y polémico gabinete ministerial con su bancada partidaria en el Congreso, continúan sin trazar una acción de gobierno que permita identificar las más importantes medidas que, se supone, se deben de tomar para iniciar la solución a los graves problemas que aquejan el funcionamiento de nue

Un pequeño sector de políticos continúa con la equivocada idea de promover la elaboración de una nueva Constitución, bajo la monserga de que ella será la solución de todos los problemas que tiene el Perú y, para el efecto, viene recolectando firmas de ciudadanos desinformados, a fin de que se le consulte a la población, vía referéndum, si está de acuerdo o no a que ello se logre a través de una

De los 24 partidos políticos que se encontraban registrados cuando se llevaron a cabo las últimas elecciones generales, como consecuencia del resultado de estas, a 15 de ellos se les ha cancelado su inscripción, manteniendo su vigencia únicamente 9 agrupaciones políticas.

En su edición del pasado 1 de septiembre, el diario oficial “El Peruano” consigna en su carátula la declaración del Presidente de la República cuando destaca que “no se debe politizar la pobreza del pueblo”.

Las decisiones políticas, como las que se derivan de los acuerdos congresales, son legales o ilegales y legítimos o ilegítimos, razón por la cual resulta pertinente recordarlo en circunstancias en las que el actual gabinete ministerial ha recibido la ratificación de la confianza por parte de la mayoría parlamentaria.

El funcionamiento de un sistema democrático se caracteriza, entre otras particularidades, por facilitar que la población se encuentre debidamente informada de la actuación y decisiones de sus autoridades; pues, ello permite que la opinión ciudadana sea más certera y responsable en el enjuiciamiento que tenga respecto a la forma como se maneja el poder político en la administración del Estado.

La Constitución, como norma jurídica de mayor jerarquía, contiene disposiciones o preceptos fundamentales que, como principios rectores, estructuran al Estado y establecen los mecanismo para su funcionamiento. En ese sentido, su contenido responde a procurar evitar que se repitan experiencias negativas en el funcionamiento del poder político.

A casi dos semanas de haber asumido el compromiso de administrar el Estado, por parte de las actuales autoridades gubernamentales, se sigue usando el discurso de campaña electoral, sin percatarse de que estamos en momentos diferentes en los que se necesita decisiones de gobierno y, especialmente, transparentar el accionar del ejercicio de la presidencia de la república, permitiendo que el puebl

A pesar de que, en todos sus formas y desde diferentes puntos de vista, se ha explicado lo innecesario de embarcar el debate político y legislativo en modificar la vigente Constitución o, peor aún, comprometer la labor del Parlamento para que se ocupe en implementar la posibilidad de la existencia de una asamblea constituyente, desde las nuevas autoridades gubernamentales se continúa insistiend

Hace un par de meses, en esta misma columna y bajo el título “A los periodistas, ni con el pétalo de una rosa” me solidaricé con los reporteros que, recogiendo noticias de los acontecimientos desarrollados en la última campaña electoral, habían sido salvajemente agredidos, se supone, por militantes o simpatizantes partidarios.

A pocos días de instalarse el nuevo Congreso, el cual ejercerá la función legislativa y de control político que, de acuerdo a nuestra Constitución vigente le corresponde, ha comenzado el cabildeo entre los diversas agrupaciones políticas representadas en el Parlamento con la finalidad de conseguir formar alianzas que les permitan liderar al Poder Legislativo a partir del cercano 28 de julio y,

El artículo 206 de la Constitución establece que “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum…”.