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Luis García Miró Elguera

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Luis García Miró Elguera

Presuntamente, quince distritos de la capital llevan ya cinco días en Estado de Emergencia; aunque no aparece un solo soldado rondando y/o estacionado en sus calles. Una vez más, comprobamos la no solo incontrastable, sino permanente, capacidad de engaño de este gobierno.

El destacado abogado y político Lucas Ghersi nos recuerda que el 1 de diciembre de 2022 —vale decir, seis días previos al golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo— el Tribunal Constitucional (TC) emitió la sentencia 05-2020-PE, que permite al terrorista que ha cumplido su condena ejercer cargos públicos y/o crear y dirigir sus propios partidos políticos.

¿Ha calculado, amable lector, cuál pudiese ser hoy la cifra de muertos, heridos e inválidos peruanos –aparte de viudas, huérfanos, etc.– que ha generado, hasta el momento, la feroz oleada de atentados cometidos por vandálicas bandas de criminales venezolanos asentados en nuestro país?

o se equivoque, amable lector. Mientras no desaparezca la mafia “caviar” que tiene secuestrada a la Fiscalía de la Nación, la injusticia continuará fortaleciéndose en lo que alguna vez se llamó el sistema de justicia del Perú.

En julio del año pasado, el entonces primer ministro Alberto Otárola declaró que “existe un déficit de cuarenta mil policías”, a la vez que anunciaba la creación de un “nuevo destacamento” policial denominado “Orden y Seguridad”, integrado por jóvenes cuyo único requisito sería haber cumplido el servicio militar obligatorio.

En pleno furor del exitoso paro de transportistas –desarrollado el pasado jueves y viernes en Lima– la dirigencia del gremio de transporte urbano de pasajeros asistió al Congreso a demandar medidas urgentes, a efectos de evitar nuevos atentados contra ellos perpetrados por una camorra criminal –presumiblemente capitaneada por ciudadanos venezolanos de alta peligrosidad– consolidada sobre todo e

El justificado paro de los transportistas de servicio público del jueves sacó de su letargo a este conjunto de ineptos que conforman lo que llaman el gobierno de Dina Boluarte.

¡Faltaba más! Una de las reglas de oro entre mafiosos es que la mafia defiende a todos y a cada uno de sus integrantes. Esto practica la ONG del caviar Gustavo Gorriti con el cuestionado y otrora fiscal estrella de la camorra caviar peruana José Pérez. Y exactamente esto mismo vienen haciendo varios integrantes del Ministerio Público.

El gobierno de Dina Boluarte se caracteriza por su incapacidad para percibir, asimilar y resolver los problemas que aquejan al ciudadano.

Era cuestión de tiempo. ¡Porque, tarde o temprano, saltaría el escándalo! ¡Mientras más tarde, sería muchísimo peor!

La inseguridad ciudadana llega a estratos escalofriantes.

Resulta no solamente vulgar, sino atentatorio contra las buenas relaciones diplomáticas -que deben regir entre la comunidad de naciones- calificar a un país ajeno según la valoración de alguno de sus gobernantes.

Sin bombos ni platillos; sin fanfarrias ni jactancias, la semana pasada el mundo asistió a lo que, sin la menor duda, vendría a ser un inimaginable cambio en el escenario bélico internacional.

A partir del segundo semestre del siglo XXI –tras acceder al poder Alejandro Toledo–, nuestro país se enfrascó en una profunda epidemia de megacorrupción de la cual –estando ya por concluir la primera cuarta parte del siglo– aún no avizoramos un horizonte de salida.

Hombre inteligente –conocedor de la realidad nacional y de las prácticas políticas– es el congresista Fernando Rospigliosi.

En el año 2022, Anthony Blinken, Secretario de Estado de EE. UU., describió a Cuba como “un país no totalmente cooperativo”, afirmando que se había negado a colaborar con Colombia en la extradición de miembros del ELN. Inmediatamente, tres relatores de derechos humanos de la ONU criticaron a EE. UU.

¿Es posible que un par de fiscales carentes de toda confianza ante la opinión pública –llamados José Domingo Pérez Gómez y Rafael Ernesto Vela Barba– designados a dedo por un cuestionado Fiscal de la Nación como Pablo Sánchez –para abocarse en exclusividad a perseguir la corrupción– acaben enredados en gravísimos problemas –públicamente conocidos– por su inconducta al servicio de la sociedad?

Respondiendo a la pregunta: ¿Nos salvó, realmente, Alberto Fujimori del terrorismo?, el reconocido abogado, comentarista político –y político per se– Francisco Tudela van Breugel-Douglas, dijo con su habitual serenidad y profundidad: “Bueno, yo creo que el Perú no existiría de no ser por él. El Perú de hoy no existiría.

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