Rafael Romero

Las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia conllevan serios problemas para emprendedores y pequeños comerciantes, lo peor es que desde el sector público y privado no hay mucho compromiso para hallar soluciones dejando el camino abierto a las triquiñuelas que el propio sistema anida, incluso para despojarlos de sus inversiones y locales que han venido adquiriendo por años.

Desde esta columna alertamos acerca de un caso arbitrario contra los derechos humanos del ciudadano español Santiago Díaz Aroca, quien pese a estar casado años con la ciudadana Carla Pérez (descendiente de la etnia cocama, región Amazonas), resultaba permanentemente impedido -por un mal servicio de la Superintendencia de Migraciones- de contar con la nacionalidad peruana.

Sea el mejor de los aplausos y el más sincero reconocimiento para los fiscales y jueces que cumplen su función dignamente, en respeto de los derechos humanos y la legalidad; pero sea anatema para aquellos que hacen de sus puestos públicos un estropicio del Estado de derecho, un destrozo del debido proceso y de la presunción de inocencia, como en el caso del profesor de escuela primaria Wilke Fe

El mal trabajo de fiscales y jueces atenta contra el Estado de derecho y la cultura de paz. Condenar a un inocente es lo más abominable que puede haber en una sociedad occidental y cristiana.

La doctora Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República, llegó montada a caballo al centro poblado de Chuñunapampa, en Yauli, Huancavelica, y se reunió con cuarenta jueces de paz, a quienes les entregó materiales de oficina y diversos bienes para el mejor desempeño de sus funciones. Pero, ¿por qué llegar a caballo?

Ni Platón ni Aristóteles fueron “cojudignos” cuando postularon que los mejores, los sabios y los filósofos deberían gobernar o por lo menos estar al lado de un gobernante. Lamentablemente en el tiempo y en toda época no siempre este consejo ha sido escuchado, menos practicado.

La pandemia y el trabajo remoto no son pretexto para relajar las acciones del Poder Judicial (PJ) en el cumplimiento de sus sentencias que obligan a las empresas a pagar beneficios sociales.

Hace una semana el jefe de Estado, Pedro Castillo, se reunió en Palacio de Gobierno con representantes de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV). La fotografía es la misma a los encuentros realizados durante los gobiernos de Toledo y Ollanta Humala.

En el país es larga la batalla por la democratización de las comunicaciones y la transparencia en la publicidad estatal. La concentración mediática, sibilinamente esculpida por la izquierda caviar, es culpable en cierta medida de la crisis política que hoy vive la República.

En vez de atacar a la prensa, como se hace desde el despacho del presidente del Consejo de Ministros, o de premiar con millones a gobernadores ayer vizcarristas y hoy castillistas, como el de Cajamarca, tal como lo ha hecho el ministro de Vivienda, los inquilinos de la Casa de Pizarro y las altas autoridades del Poder Judicial y la Fiscalía deberían interesarse más por lo que ocurre en la regió

La reforma constitucional debe canalizarse dentro de los cauces que señala la propia Carta Fundamental de 1993. Pero, debido a cínicos intereses políticos, al resentimiento de sectores olvidados, a la indignación contra la corrupción o la ignorancia de bolsones de electores desinformados, sonó más fuerte en la segunda vuelta electoral la oferta demagógica de la Asamblea Constituyente.

Tras el golpe de Estado, ejecutado por el vizcarrato con el objetivo de cerrar el Congreso -el 30 de setiembre del 2019- y bloquear la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el ambiente político se contaminó más y se completó la toma de las principales instituciones del Estado (Fiscalía, JNE, ONPE y el Reniec).

A las cosas hay que llamarlas por su nombre y lo que vive el Perú es una sofisticada dictadura caviar infiltrada en los puestos clave del Estado y especialmente en la administración de justicia, donde el JNE no es la excepción. Esa dictadura hoy atenta contra la libertad de prensa tal como se evidencia en el cerco de persecución y venganza contra Willax TV.

Se esperaba para el pasado jueves 8 de julio la proyección del documental “1214. No tememos a los cobardes”, en el recinto denominado Lugar de la Memoria (LUM). Pero, tal como lo consigna la nota de César Rojas publicada en la víspera, página 10 del diario EXPRESO, existen documentos que demuestran un aparente veto que al final resultó frustrando el evento.

El próximo 18 de julio la gloriosa Federación de Periodistas del Perú (FPP) cumple 71 años de existencia en defensa de la libertad de expresión.

Buenos vecinos y gente de paz, residente en Manchay, claman ante las redacciones a fin de que el Estado peruano no los abandone a merced de los traficantes de terrenos, y en vista del desgobierno municipal que reina en el distrito de Pachacamac.

Con educación, cultura y tecnología se derrotará a la demagogia comunistoide y retrocederá el totalitarismo. En medio del empantanado ruido político, en medio de una dramática crisis agudizada por “el fraude electoral”, aparece como una fresca flor la noticia de la “Escuela de Talentos”, promovida por el Gobierno Regional del Callao.

Con relación al distrito de Miraflores, hemos sido críticos respecto al 27% de miraflorinos que no concurrió a votar el 6 de junio, y me incluyo tal como lo declaré el pasado miércoles en el programa del Primo Koko (“Café con Leche”, por Radio del Sur del Perú).