Rafael Romero

Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos.

Nuestro papel es informar y dejar registro de los acontecimientos de interés público, y cómo no va a ser de interés colectivo el conocer un fallo judicial que reivindica la libertad de prensa en Perú, en medio de la dura batalla contra el secretismo, la prepotencia y el abuso del poder económico que hasta hace despedir a los periodistas de sus centros de labores.

Escuelas públicas con pobre infraestructura; hospitales estatales abandonados; profesores, médicos, enfermeras y policías mal pagados; desnutrición en los niños y el caos potenciado por la violencia y la delincuencia, son solo los lados más visibles y las consecuencias más dramáticas del desgobierno de las cúpulas partidarias que llegaron a Palacio de Gobierno y al Congreso.

Podrán decir algunos que hay que dejar descansar en paz al expresidente Alan García tras su antibíblica decisión de quitarse la vida, pero él ya está en la historia para bien o para mal; y en ese terreno los nombres de los personajes y sus biografías permanecerán tal cual ante la mirada de las generaciones venideras.

En el Perú, como en cualquier país civilizado del mundo, rigen instrumentos internacionales que lo obligan como Estado a cumplir precisos y determinados compromisos en materia de calidad del servicio judicial; y, por ejemplo, lo hay en el ámbito laboral, para hacer que se respeten los derechos de los trabajadores, pues al final de cuentas ellos son los ciudadanos que con sus impuestos sostienen

Son muchos los que hablan de emprendimiento y educación, pero a veces se aborda estas temáticas con desordenada profusión y sin planificación.

Habiendo entrevistado recientemente a dirigentes y militantes de base de Acción Popular (http://www.rci.com.pe/2019/04/22/jimmy-oliva-bancada-de-aptiene-05-de-nota/), podemos ratificar que la bancada parlamentaria acciopopulista está divorciándose de los verdaderos intereses nacionales y de los objetivos superiores del partido, peor todavía cuando los actuales congresistas no son adecuadamente

Esta columna fue crítica de Alan y él lo sabía. Pero jamás se le cuestionó sin fundamento o razón, y desde este espacio nunca se recurrió a los insultos porque procedimos como a él le gustaba, con dialéctica y lógica.

Por más de sesenta días los peruanos hemos seguido de cerca cómo las comunidades campesinas bloquearon caminos en la región Apurímac, a propósito del caso Las Bambas, y todavía somos testigos del divorcio entre el Estado y el ciudadano.

Tal como caracteriza el trabajo transparente y la política de puertas abiertas de Don Antonio Ramírez, director de esta casa periodística, él corrió traslado hacia mi persona de una carta del vocero de la bancada acciopopulista en la que cuestiona mi artículo del pasado domingo titulado “Acción Popular golpea al Poder Judicial” (https://www.expreso.com.pe/opinion/rafael-romero/accion-popular-go

Fuentes del ámbito jurisdiccional confirman el malestar que existe en la judicatura por la actitud de la bancada de Acción Popular de interferir en la ejecución de una sentencia que obliga al desalojo de un colegio privado en Breña, fijado para el próximo mes de diciembre como resultado de un litigio judicial existente en el seno de la colonia china.

En medio del debate de la semana, gracias a las “sabias” declaraciones de la congresista Mercedes Aráoz, se tocó el tema de los ingresos “insuficientes” en el Parlamento, pero valgan verdades los jueces supremos ganan bastante más y su labor debería estar a la altura de su función, como es la de administrar justicia en tiempo oportuno y en respeto al ciudadano.

La administración de justicia cuenta con un Comité de Ética Judicial, el que viene desempeñándose dentro de sus funciones perfectamente delimitadas, atendiendo los casos que le son sometidos a su fuero, el mismo que estriba en sancionar moralmente al magistrado que se encuentre incurso en alguna conducta contraria a la moral y deontología.

La conciliación es una institución jurídica que sirve para resolver conflictos antes de que lleguen a la vía judicial. Podría funcionar de manera más auspiciosa y hasta diríamos perfecta si las partes en controversia proceden con buena fe y decencia. Entonces depende de nosotros, como ciudadanos responsables y serios, que la conciliación en el Perú funcione y “funcione bien”.

Hay acontecimientos que para la denominada “gran prensa” seguramente “no venden o no dan rating”, por lo que quedan ignotos ante el público consumidor de los medios de comunicación tradicional, mas no así para el ciudadano que busca informarse a través del periodismo virtual.

La sociedad pide una nueva generación de políticos con mayor énfasis tras el escándalo Lava Jato, que ha terminado por hundir a muchas instituciones y hacer trastabillar a la propia reserva moral de ciudadanos, generándose entre ellos desconfianza y confusión.

El año pasado se dio a conocer información pública de un escandaloso caso de usurpación en Chilca (https://fpp.org.pe/%C2%A8el-pocito%C2%A8-por-jose-briceno-abanto/), concretamente en el terreno “El Pocito” que estuvo en posesión pacífica desde 1968 hasta el 2012 (más de 40 años) por parte de la familia Lescano, la que denuncia que con documentos falsos ese predio fue inscrito en Registros Públ

El lunes 18 de febrero del presente año se realizará una conferencia magistral en el Auditorio Alberto Andrade del Congreso de la República (ubicado en el Edificio Juan Santos Atahualpa de la céntrica avenida Abancay), donde al término del foro académico se reconocerá y premiará a los “ciudadanos de valor”, trabajadores manuales e intelectuales ignorados por la “gran prensa” que generalmente ac