Aaron Salomón

Cuando turbas de la “generación equivocada” se movilizaron en Lima para rechazar la justificada vacancia de Martín Vizcarra y la posterior asunción de Manuel Merino a la Presidencia, la conocida bailarina Vania Masías publicó una retahíla de tuits apoyando a la calle porque “al pueblo se le respeta” y porque los “ciudadanos mandan”.

Los vejámenes contra la Policía Nacional del Perú no cesan.

Cuando se presentó en el Pleno del Parlamento para defenderse ante el segundo pedido de vacancia en su contra, el expresidente Martín Vizcarra argumentó que los legisladores no estaban moralmente habilitados para destituirlo, pues 68 de estos tenían investigaciones fiscales -la mayoría de ellas archivadas- pendientes.

Inti Sotelo Camargo (24) y Bryan Pintado Sánchez (22) no fallecieron, los asesinaron. Fueron acribillados por los medios de comunicación -esos que cerrarían de no ser porque Martín Vizcarra les inyectaba publicidad estatal- que transmitieron durante todo el día las pequeñas y dispersas manifestaciones en contra de un “golpe de Estado” que jamás existió.

La salida de Martín Vizcarra por la puerta falsa de Palacio de Gobierno era imprescindible: su permanencia ponía en riesgo la pulcritud de las siguientes elecciones generales. Si Vizcarra continuaba como presidente, era muy probable que hubiéramos tenido a alguno de sus delfines -Julio Guzmán o George Forsyth- como su reemplazo.

El periodista Ricardo Gómez Palma declaró ante el fiscal José Domingo Pérez como parte de la investigación que este sigue en contra de Keiko Fujimori por los aportes ilegales recibidos de Odebrecht y otras fuentes para sus campañas electorales del 2011 y 2016.

La amenaza ya está hecha. Si bien el premier Walter Martos retrocedió y aclaró que su declaración, acerca de que las Fuerzas Armadas intervendrán de darse la vacancia presidencial, ha sido malinterpretada, lo cierto es que lo dicho, dicho está: “Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho, esa es su función.

Como adelanté que sucedería en una columna anterior, ya aparecieron 3 nuevos aspirantes a colaboradores eficaces que han declarado ante el fiscal Germán Juárez Atoche que el presidente Martín Vizcarra recibió S/1’300.000 en sobornos del consorcio ICCGSA-Incot a cambio del Hospital de Moquegua.

Cuando fue consultado por el desastroso manejo de la pandemia del coronavirus en el Perú, el presidente Martín Vizcarra no tuvo mejor idea que esquivar la pregunta intentando mofarse del medio de comunicación, en donde estaba dando una entrevista tras la difusión de una supuesta coima que este habría recibido de Obrainsa.

Recuerdo que el abogado César Nakazaki sostuvo hace ya buen tiempo, al cuestionar las prisiones preventivas a granel, que si bien las torturas consiguen que los investigados canten todo lo que saben, no por eso puede ser legal usarlas yendo en contra de los derechos humanos, como se hacen o hacían en las sociedades bárbaras. Lo que hemos visto en los últimos días es, pues, una tortura moderna.

En una columna anterior, expliqué, de acuerdo a la indagación de la fiscal Janny Sánchez Porturas, cómo funcionaba la organización (¿criminal?) que se habría conformado en Palacio de Gobierno para favorecer a Richard Swing con contratos en el Ministerio de Cultura por “servicios innecesarios”.

La investigación de la fiscal anticorrupción Janet Sánchez Porturas a los irregulares contratos del excéntrico Richard Cisneros, mejor conocido como Richard Swing, con el Ministerio de Cultura -por unos 175 mil soles- indica que habría toda una organización en Palacio de Gobierno que favoreció, por lo pronto, a Swing.

Karem Roca Luque, otrora asistente del Despacho Presidencial, es la protagonista de varios audios recientemente difundidos, en donde, despechada ella por haber sido desplazada por Mirian Morales, le cuenta a su abogado Fabio Noriega todo lo oscuro que ocurre al interior de Palacio de Gobierno.

¿Le parece dable, estimado lector, que el abogado de un investigado por presunta corrupción “coordine” directamente con una fiscal que, coincidentemente, indaga si es que en verdad hubo algún pedido de coima para no excluir al procesado de marras de unas pasadas elecciones generales?

La reciente campaña del Gobierno de Martín Vizcarra (“El Covid no mata solo. No seamos cómplices”) es tremebunda: culpa a los ciudadanos de esparcir el virus, como si la irresponsabilidad fuera un mal generalizado. Después de 6 meses de iniciada la pandemia, impartir el terror no es una estrategia, a juicio de esta columna, correcta.

La noche del último sábado, el distrito limeño de Los Olivos se tiñó de sangre: 13 personas (12 mujeres y 1 hombre) perdieron la vida asfixiadas, cuando intentaban huir de una intervención policial en una fiesta clandestina, que congregó a más de 120 personas en pleno estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha culpado a los irresponsables peruanos del rebrote de casos de coronavirus. Aseguró, sin base científica, que las reuniones sociales y familiares han provocado el aumento vertiginoso de infectados, por lo que ordenó retornar al toque de queda de los domingos. ¿El resultado? Largas colas en los supermercados y mercados durante todo el sábado.

Para cuando se haya publicado esta columna, es muy probable que también esté impreso en el diario oficial El Peruano el decreto supremo que da cuenta de medidas complementarias para evitar la propagación de la plaga china.