César Gutierrez Peña

Luego de 8 días de un aislamiento obligatorio, cumplido a medias, pues la necesidad puede más que la obligación, hay expectativas ciudadanas a todo nivel que el día 16 se reinicie la actividad económica.

El protagonismo de fiscales y jueces, con sus mandatos abusivos de prisiones preventivas, ha ocupado la agenda de la opinión pública nacional, desde hace dos años. Preveo que este año las cosas irán cambiando rápidamente, el desempeño de la economía pasará a segundo plano toda la parafernalia acusadora de la dupla Ministerio Público y Poder Judicial.

Al iniciar el 2020, las previsiones de las entidades financieras sobre el crecimiento del PBI peruano rondaban alrededor del 3%. En febrero, en un escenario moderado sobre el efecto del coronavirus, señalan un retroceso de 0.3% sobre el valor inicial estimado.

Con menos de cuatro meses en el cargo, la Ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva Luperdi, está dando muestras de unos muy buenos reflejos políticos, mérito a compartir con sus consejeros más cercanos.

Desde hace días vengo afirmando que la publicitada “reorganización de Osinergmin” ha sido la típica respuesta política: “cuando hay un problema sectorial anuncia la reorganización”.

Sorpresa falaz es la exhibida por el gobierno, el Ministerio Público y la Procuraduría, ante la demanda en el CIADI, de la empresa Odebrecht Latinvest Luxemburgo (OLI LUX), con una exigencia de pago por parte del Estado peruano por la suma de 1,200 millones de dólares (MMUS$), para resarcir su inversión en el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

No me sorprende la actitud del mandatario Martín Vizcarra, de anunciar que en su gobierno no se ejecutará el Proyecto Tía María, de Southern Perú Copper Corporation. Sucursal Perú (SPCC). El argumento es que no están dadas las condiciones, ya que no hay licencia social (LS).

Esta semana culmina la más anodina campaña que recuerde desde 1980, entre el desinterés por la política de los “millenials” y “centennials” y el desencanto de los demás, iremos a ejercer la obligación del sufragio el próximo domingo 26.

El cierre del año 2019 nos trajo la sorpresa de una ejecución presupuestal aluvional en los cuatro últimos días del año, nada menos que 3,214 millones de soles devengados, de los cuales el 48% correspondió al gobierno nacional y el 52% a los gobiernos regionales y locales.

Con amplio despliegue mediático, Petroperú comunica la celebración de un contrato de suministro de biodiésel producido en el Perú, para el período febrero-junio 2020. Han sido invitados para la foto, el fabricante y los palmicultores agrupados, y por supuesto la prensa, para que propale que soplan nuevos vientos en la petrolera estatal.

La repetición incesante desde el año 2016 de la existencia de sobreoferta de capacidad (potencia) instalada de generación eléctrica, devino en que la inversión en este rubro haya sido nula en estos últimos años.

Las discrepancias entre dos facciones de empresas productoras de electricidad -generadoras- lleva tres años de politización. Empezó en el Congreso de la República en el segundo semestre del 2016 y se mantuvo hasta su cierre en septiembre del presente año, con la presentación por congresistas de Acción Popular y Fuerza Popular de tres proyectos de ley.

Cuatro años ha durado el entusiasmo tras el Acuerdo de París (AP), en la 21 Conferencia de la Partes (COP 21), pues la COP 25 culminada este fin de semana en Madrid ha sido una decepción. Había la expectativa de acelerar los compromisos adquiridos por los países que ratificaron el acuerdo de la COP 21, que tienen como meta el año 2020.

En la guerra de empresas del sector eléctrico, donde reitero mi posición que se utiliza a los pequeños consumidores domiciliarios como pretexto, con el agravante de politizar el tema con sofismas, como el comparar los costos entre los grandes y pequeños usuarios, los que no son comparables porque como en toda transacción comercial, el costo menor lo tienen los que hacen adquisiciones de mayores

La reciente CADE ha sido un vergonzoso ejemplo de inconsecuencia gremial, se ha atacado con virulencia a los capitostes corporativos, en lugar de expresarse con firmeza que los empresarios tienen todo el derecho de apoyar económicamente al candidato de su preferencia, siempre y cuando sea con sus recursos.

Los hechos políticos que se vienen viviendo en Latinoamérica en los últimos tres meses replantean el tablero político y económico de la región. Las protestas en Chile, que no cesan, han puesto al presidente Sebastián Piñera en calidad de inquilino precario del Palacio de la Moneda.

Nuevamente se ha desatado una guerra mediática sobre el sector de generación eléctrica peruano. Reitero lo que vengo diciendo hace dos años: “disputa entre grupos empresariales con el consumidor como pretexto”.

El año que está culminando podría denominarse el de las turbulencias latinoamericanas, desde México a Tierra del Fuego. Se ha visto desde decisiones políticas controvertidas hasta serios conflictos sociales desestabilizadores de gobiernos.