Elizabeth Zea Marquina

Garantizar el derecho a la libertad individual es esencial para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Pero, al no ser absoluto, toda restricción o límite debe ceñirse al principio de legalidad, al principio de igualdad y no discriminación, mediante un procedimiento determinado y provenir del poder legislativo.

Bajo el contexto peruano, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción define a la corrupción como “El mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales”, por lo que resulta importante que los Estados adopt

Desde la aparición de la corriente liberal, los derechos humanos se han concebido como atribuciones inherentes a la persona, cuyo respeto a su dignidad se convierte en el centro y fin de la actuación del Estado, cuyos compromisos con la sociedad se establecen en un “contrato social”.

Y nuevamente, la misma historia. Sheyla apareció descuartizada por un policía que, con engaños, la llevó a su departamento y la asesinó. Y nuevamente, se repite la impotencia, la injusticia y la impunidad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2005 como el año mundial del microcrédito, a partir del cual, los Estados comenzaron a promover medidas y programas de promoción de microcréditos y servicios financieros que resulten accesibles a todas las personas con el objetivo de erradicar la pobreza.

En nuestro régimen económico constitucional, las libertades económicas deben ser ejercidas de tal manera que resulten compatibles con los fines del Estado y estén enfocadas en generar bienestar.

Todos tenemos derecho a desarrollar nuestras actividades en un entorno donde se nos garantice estar protegidos de todo aquello que amenace nuestra paz y tranquilidad. Sentirnos seguros es nuestro derecho constitucional, y no solo implica nuestra dimensión física, sino también todo espacio de desenvolvimiento cotidiano, tal como el hecho de ahorrar nuestro dinero en una entidad bancaria.

La inconstitucionalidad de la extinción de dominio. Resulta indiscutible la importancia del principio constitucional de la lucha contra la corrupción y, por supuesto, el Estado debe tomar todas las medidas administrativas, legales y judiciales necesarias para hacerle frente.

El Perú, mayoritariamente católico, vive su fe en su máxima expresión con la procesión de Nuestro Señor de los Milagros. Desde muy temprano, las cuadrillas, las sahumadoras y los fieles se agolpan en las calles para esperar el anda que pasará por las improvisadas y artísticas alfombras de flores.

La pérdida de valores y principios, las faltas al orden público, son el reflejo de una sociedad en decadencia. Las instituciones se muestran frágiles ante una ciudadanía que les ha perdido confianza.

El rol de los jueces en el sistema democrático garantiza la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales, procurando a los ciudadanos acceso a la justicia y tutela judicial. Su labor interpretativa coadyuva a la búsqueda de la verdad con justicia y equidad.

El problema de la inseguridad ciudadana es sistémico. Para abordarlo, es necesario también considerar otros problemas como la migración, la informalidad, y la falta de oportunidades laborales, entre otros.

Son tiempos difíciles para la justicia en nuestro país y, quizás, no haya momento más indicado para reflexionar sobre el rol de los jueces en el sistema democrático, no solo como agentes activos al administrar justicia en favor de las personas, sino como garantes del Estado constitucional de derecho.

El mundo en las redes sociales se ha vuelto demasiado violento, hasta el punto que no diferencia la verdad de la mentira, y valida cualquier medio para ejercer esa violencia que no distingue entre un adulto y un niño, entre un delito y una infracción, y que deja de lado todo tipo de verdad objetiva que es superada por miles de “likes” que no necesariamente garantizan un conocimiento inf