La implacable violencia criminal que, sistemáticamente, aniquila la vida, salud y los ahorros de miles de peruanos, es responsabilidad de aquellas ONG que, mostrando su hipocresía y desprecio por la vida ajena, se hacen llamar “defensoras de los derechos humanos”; siendo más bien paladines de los delincuentes y criminales que mañana, tarde y noche se ceban sacrificando la existencia y ahorros d
ÚLTIMA HORA
PUBLICIDAD
Luis García Miró Elguera
Intolerable que este gobierno de paso siga desangrando las anémicas arcas del Estado por el prurito socialista de mantener a flote un ente público quebrado, como es Petroperú.
Hoy se realizarán las exequias del expresidente Alberto Fujimori. Concluye así un período de nuestra historia que, por las connotaciones sociales, políticas y económicas que dejó marcadas hasta hoy –y por muchos años más–merece ser analizado sin apasionamientos ni complejos.
EXPRESO preguntaba ayer en su portada “¿Se acabará el odio?”, refiriéndose a lo que pudiese venir después de la muerte del exmandatario Alberto Fujimori, ocurrida, por esas cosas del destino, un día antes de conmemorarse treinta y dos años de la captura del despiadado exterminador Abimael Guzmán.
Corren los días, pasan las semanas, los meses; pronto serán años. ¡Ya estamos en el último trimestre del 2024!
La inacción, indolencia, incompetencia e irresponsabilidad del gobierno no tiene parangón. Sin duda, este es probablemente el régimen más temerario que ha tenido el país. Lo más preocupante es que esto ocurre en medio de una fortísima incertidumbre política, social y económica tanto a nivel nacional como internacional.
Son momentos de definiciones. No adoptarlas –incluso a la brevedad– sería traicionar al país. Señalamos ayer la urgencia de definir el retorno de la Policía Nacional (PNP) como parte integrante de la investigación delincuencial, papel en el que tuvo destacadísima función la entonces Policía de Investigaciones.
La culpa del caos que embarga a esta nación -después de resucitar del desastre en que quedó tras la monumental quiebra económica de fines de los años ochenta- es responsabilidad del pueblo, por haber elegido en lo que va de este siglo -salvo el segundo régimen de García- a las peores autoridades que pueda imaginarse para gobernar nuestro país.
Por más avances que alcance la ciencia, nunca descubrirá la fórmula para concebir, exactamente, la cuadratura del círculo. El enigma radica en el “factor pi”, que responde a un “número indeterminado (3.14162…)”.
En noviembre del año pasado, con bombos y platillos, el gobierno de Boluarte informó que el país había “enfrentado diversos desafíos que han impactado tanto en la percepción nacional como en la imagen internacional del país; desde conflictos sociales hasta desastres naturales como el ciclón Yaku, sequías en la sierra sur, lluvias intensas en la costa norte, recesión económica, incertidumbre
El vocablo incumplimiento implica no satisfacer un deber, un compromiso, una obligación, un acuerdo establecido previamente.
Lo que viene sucediendo al interior del palacio de gobierno es muy preocupante. La presidenta Dina Boluarte ha empezado a mostrar las garras del extremismo partidario al que pertenece, como indica su partida de nacimiento político firmada por el procastrista –por tanto, prochavista– Vladimir Cerrón Rojas.
¿Hasta cuándo la Junta Nacional de Justicia seguirá ahondando la degeneración de nuestro sistema judicial?
Estamos casi a un año de la fuga de Vladimir Cerrón Rojas, fundador de Perú Libre. Fue quien puso a Dina Boluarte como candidata a la segunda vicepresidencia de la República, luego de que le ayudase a pagar una abultada caución. Ello evitó que fuera preso, tras ser declarado culpable de corrupción por la justicia como capo de una mafia criminal.
Por obra del miserable Vizcarra, Perú perdió el motor de su desarrollo para salir de la miseria en que quedó tras veintidós años de letales gobiernos. Apelando al COVID, Vizcarra fue el primer gobernante en echar mano a los fondos pensionarios de las AFP para distribuirlos entre los trabajadores, poniendo en riesgo su subsistencia tras la jubilación.
Insólito, deplorable, indignante y peligrosísimo para la salud sociopolítica de nuestra nación, es este pleito callejonero que ha desatado, públicamente, el todavía Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, emprendiendo enfrentamientos nada menos que contra vitales instituciones de la República, como el Congreso.
Denunciamos permanentemente la campaña de los caviares, aliados con la izquierda, para destruir nuestra democracia e instaurar un régimen tipo Cuba o Venezuela. Es parte de la estrategia del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla para impulsar el comunismo en Latinoamérica.
La Fiscalía de la Nación abrió investigación contra Verónika Mendoza, atendiendo una denuncia presentada por el parlamentario Jorge Montoya imputando “delito por incitar disturbios y conspirar para rebelión, sedición o motín”.
PUBLICIDAD