Martha Chavez

No solo por las decisiones judiciales recientes, tomadas en base a hechos que distintas Fiscalías han calibrado sobre la conducta de personas del entorno inmediato de quien funge de jefe de Estado, sino, sobre todo, por el temprano y sin duda irreversible hartazgo que la población de la capital y del interior del país viene mostrando ante la ineptitud e incapacidad moral de quienes hoy gobierna

Son múltiples los hallazgos resultantes de las investigaciones fiscales, de las cuales una media docena están abiertas en relación personal a Pedro Castillo. Las demás investigaciones están también vinculadas a Castillo ya que se relacionan directamente con altos funcionarios designados por él y con personas de su entorno familiar y amical más cercano.

No se trata solo de SEIS investigaciones fiscales por presunta grave corrupción que se han abierto respecto de quien funge de presidente de la República y de su entorno familiar y amical más inmediato, se trata también de la evidente incapacidad moral e intelectual que demuestra a cada momento y en las circunstancias más cotidianas y sencillas.

Un clásico axioma jurídico es “a confesión de parte, relevo de prueba”, que supone que si alguien acepta su culpabilidad ya no es necesario probar la inconducta.

Contra todo pronóstico el probado inepto y más que presunto corrupto que funge de presidente de la República, llegó a cumplir un año en el cargo, ¿gracias Congreso de la República con su legión de “niños”, “niñas” y “niñes” (uso con ironía lenguaje progre)?

Hoy se decide en el Congreso de la República, por elección, a los congresistas que integrarán la Mesa Directiva (presidencia y tres vicepresidencias) la que según dispone el artículo 33° del Reglamento -con rango de ley orgánica- de ese poder del Estado, se encargará por un año de la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno, la Comisión Permanente y el

Decía en la primera parte de este artículo, el martes pasado, que el grupo de advenedizos, incapaces y presuntos corruptos que tiene tomado el Poder Ejecutivo no solo se dedica a beneficiarse indebidamente, sino que a la par desarrolla un plan definido para destruir el país y sus instituciones.

A riesgo de parecer tercamente insistente, viendo que del lado al que le corresponde poner una solución inmediata al problema, el Congreso de la República, no surge atisbo siquiera de alguna reacción para enfrentar el problema y su causa, al punto que parece que sus integrantes están sumidos en el sopor o letargo causado por algún maleficio como en los cuentos infantiles, seguiré expresando mi

Cuando hace ya cinco años -se cumplirán seis el 13 de diciembre próximo- EXPRESO acogió mi columna “Escaño Popular”, busqué en cada artículo enfocar temas políticos con una perspectiva, sobre todo constitucional, para contribuir a un mayor y mejor conocimiento de nuestra Carta Magna, siempre haciendo hincapié en que Derecho y Política, sí con mayúsculas, son en principio materias opinables en l

Justamente hoy nos encontramos a un mes de que Pedro Castillo cumpla un año a cargo del Poder Ejecutivo.

Pareciera que se confirma aquello de que “pasa solo en el Perú” y que se suele usar en sentido de divertido asombro. Sin embargo, en el caso concreto del régimen político instaurado el 28 de julio de 2021, nada más lejano a lo divertido y sí próximo a tragedia.

Leo con asombro la resolución dictada el 8 de junio último por un juzgado de primera instancia de Lima que ordena al Congreso de la República suspender el procedimiento de elección del nuevo Defensor del Pueblo, hasta que se culmine la tramitación del proceso de amparo iniciado por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo.

Conforme tengo señalado, es un deber llamar la atención sobre el daño que a los intereses del Perú viene causando el grupo que hoy detenta el Poder Ejecutivo, encabezado por el ciudadano Pedro Castillo (¿Terrones o Díaz?).

Participo como es propio de los tiempos en varios de los llamados “chats” o grupos cerrados que usan aplicaciones de mensajería por teléfono. Algunos de ellos dedicados a temas políticos.

Las elecciones generales, que se realizan cada cinco años en el país y son reguladas por la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859 (LOE), aprobada en setiembre de 1997, significan tres procesos electorales que coinciden en una misma fecha para el sufragio.

Pienso que no debemos cansarnos de exigirle a los congresistas de la República tomar acción inmediata para proteger al Perú del descalabro al que, sin duda ni pausa, nos está llevando el grupo de incapaces, prontuariados y hasta vinculados al terrorismo y narcotráfico, encabezados por P. Castillo.

No es solo descomposición moral y comisión de presuntos delitos lo que resultaría en torno al grado de maestría que la universidad privada César Vallejo (UCV) le otorgó el año 2013 a la pareja presidencial.

En el colmo de la insania moral que es ya una característica del grupo que detenta hoy el poder en el Perú, venimos a conocer que quien precedido de tantas sombras e indicios de fraude electoral se hizo del cargo público de mayor jerarquía en el país y su consorte, que no siendo funcionaria pública tiene a su servicio personal e infraestructura a costo del Estado, habían obtenido, conjuntamente

Decía la semana pasada que no era real ni justo pretender explicar y encontrarle una salida a la grave crisis política y social en que nos ha sumido el gobierno marxista pro narcotráfico y pro terrorista del ciudadano Pedro Castillo en apenas nueve meses en el poder, estableciendo similitudes y menos comparaciones con los sucedido el año 2000.