Nuestra Constitución en su artículo 18 señala como una de las atribuciones del Presidente de la República, dirigir mensajes a la Nación, ante el Pleno del Congreso, con la instalación de la legislatura anual. En ellos, expone un balance de la situación del país, así como también propone las reformas que considere pertinentes en los diversos ámbitos, salud, educación, seguridad, vivienda, etc.
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Elizabeth Zea Marquina
La protesta es una manifestación concreta de nuestra libertad de expresión, que duda cabe. Es un derecho ciudadano que debe ser garantizado por el Estado y ejercido de forma pacífica. Nadie que valore la vida en democracia podría oponerse a que un pueblo se manifieste aun en contra de sus autoridades. Sin embargo, la protesta últimamente no se encamina a defender el Estado.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional aborda la problemática de la contaminación ambiental y su impacto en la salud de los trabajadores mineros del complejo metalúrgico de la provincia de Yauli La Oroya, expuestos diariamente a contraer enfermedades respiratorias crónicas quienes muchas veces no podían acceder a una pensión de invalidez ante la imposibilidad de poder acreditar el ne
Qué difícil es para mí escribir hoy estas líneas. Como mujer, como madre, estoy llena de impotencia y de incertidumbre ante los últimos casos de violencia sexual contra nuestras niñas aunque podría citar tantos otros. Cómo olvidar a la niña violada en la provincia de Atalaya, Ucayali, a quien sus agresores le incrustaron dos clavos para reducirla y violarla.
En el reciente e histórico fallo, Students for Fair Admissions, inc. V. President And fellows of harvard college, la Corte Suprema de Estados Unidos pone fin a la aplicación de la discriminación positiva como una práctica o medida destinada a favorecer a grupos vulnerables o históricamente discriminados en razón a su raza.
Los efectos de la última sentencia del Tribunal Constitucional ponen orden frente a la herramienta perversa de la interpretación fáctica de la cuestión de confianza, una figura inexistente en nuestra Constitución utilizada por el expresidente Vizcarra para confrontar al Congreso, fórmula que volvió a ser usada por Pedro Castillo y su premier Aníbal Torres persiguiendo el mismo final: disolver e
Recientemente se ha presentado un “amicus curiae” a la Comisión Permanente del Congreso de la República en relación a la denuncia constitucional interpuesta por el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, contra los miembros de la Junta Nacional de la Justicia por la emisión de una resolución que permitiría permanecer en el cargo a la magistrada Tello de Ñecco a pesar de haber cumplido 75 año
Cuántas veces hemos escuchado a nuestros políticos amparar su actuación en su profunda convicción democrática, y en la mayoría de los casos desconocer lo que esto implica.
El caso del asalto a un chifa en el que el dueño ultimó al delincuente por defender a su familia ha puesto en debate la legítima defensa, un término que contrario a lo que se piense, se relaciona con los derechos humanos a partir de la generación de bienestar como objetivo primordial de las políticas públicas.
La protesta es un elemento esencial del contenido de derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión, pacífica y asociación, reconocidos en nuestra Constitución.
Tras el procedimiento de acusación constitucional, el Congreso de la República tiene la facultad de imponer sanciones de carácter político, siendo una de estas, la inhabilitación política. Esta medida, a pesar de su carácter discrecional, no es arbitraria sino que está sujeta a criterios de razonabilidad constitucional y es impuesta a altos funcionarios del Estado.
El informe de la CIDH denominado “Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales” va más allá de los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023 y abarca, en gran parte, la crisis político y social que vivimos en nuestro país, incluso desde la campaña presidencial.
Desde la adopción de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, el Perú ha adquirido compromisos para garantizar la protección de los derechos de nuestra niñez, entre ellos, su derecho a un desarrollo integral y a una vida libre de violencia.
El gobierno de Pedro Castillo destacó por colocar a los funcionarios menos calificados en puestos clave de toma de decisión en los ministerios. Un último reporte de Inflación del BCR del 2022, señaló que la ineficiencia estatal le costó a los peruanos S/ 16,394 millones de soles sumado al alto costo de la corrupción que superó los S/ 24 263 millones de soles, el 13,6% del presupuesto público.
El derecho humano a la seguridad ciudadana obliga al Estado a adoptar medidas a través de las diversas instancias de gobierno, instituciones, al sistema judicial y penitenciario, con la finalidad de garantizar a los peruanos una vida libre de violencia.
La relación entre la moral y el Derecho responde a la necesidad de orientar la regla jurídica a una aplicación más justa, una que responda a guiar la conducta de las personas en lo social y lo individual, capaz de generar igualdad y seguridad jurídica.
Todos los días despertamos con una noticia de violencia a las mujeres, todos los días sin exagerar. Las estadísticas rompen el escepticismo: 54.9% de las mujeres han sufrido violencia familiar por parte de su pareja o expareja alguna vez en su vida, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2021). Casi el 50% de víctimas de feminicidio tenían menos de 30 años.
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