Fernando Rospigliosi

Las declaraciones del general EP (r) José Vizcarra la semana pasada a varios programas periodísticos, confirmaron que Pedro Castillo es un mentiroso incorregible. Ese individuo declaró ante la fiscalía que no se había reunido con el entonces Comandante General del Ejército, reunión en la que intentó presionarlo para que ascienda ilegalmente a varios de sus favoritos.

Varios hechos ocurridos recientemente confirman que es prácticamente imposible resolver la crisis terminal que sufre el Perú en el marco institucional actual.

Las últimas semanas varios políticos y académicos de oposición se han esmerado en proponer salidas políticas a la crisis que vive el país como consecuencia del asalto al Estado de varias bandas criminales, que están hundiendo al país en un abismo insondable. Desgraciadamente, ninguna de esas propuestas parece que resolvería la crisis.

El diálogo grabado por Zamir Villaverde con el ministro de Transportes Juan Silva, y difundido por Phillip Butters en Willax, es la descarada conversación de dos delincuentes dedicados a saquear el Estado. Es decir, a robar el dinero de todos los peruanos.

El informe de la Comisión Investigadora de las elecciones generales del 2021, presidida por el congresista Jorge Montoya, confirma lo que se había denunciado reiteradamente, hubo fraude para favorecer a Pedro Castillo y su gavilla. El principal culpable es el Jurado Nacional Elecciones (JNE).

Lo que revelan las denuncias periodísticas sobre la docena de consejos de ministros descentralizados que carecen de actas, además del derroche de dinero que significa trasladar todas las semanas al gabinete y cientos de personas –entre funcionarios, asesores, policías y militares-, es que a la gavilla encaramada en el Estado no le interesa gobernar.

El viernes pasado, decenas de altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro publicaron un importante pronunciamiento que debería ser considerado con mucha atención por las instituciones de la sociedad y el Estado, así como por la ciudadanía.

El plagio de Pedro Castillo y su esposa constituye un delito penado con cárcel, como han precisado varios abogados. La transgresión fue cometida hace una década, es decir, no es una fechoría realizada en el ejercicio de sus funciones.

En las últimas semanas se ha producido una frenética búsqueda de alternativas para tratar de superar la catástrofe que ha hundido al Perú en una de las peores crisis de su historia. Políticos, analistas, empresarios, sugieren soluciones. Desgraciadamente, ninguna parece viable.

A estas alturas hasta los más crédulos -incluyendo a muchos de los ‘cojudignos’ que votaron por Pedro Castillo y que confiaron hasta hace poco en la ilusoria esperanza que con los caviares podría hacer un gobierno razonable-, ya se dieron cuenta que el país se está deslizando, cada vez más rápido, hacia un abismo insondable.

El caos que está viviendo el país es un resultado más de la incompetencia del gobierno comunista de Pedro Castillo. Los problemas se han ido acumulando y el inepto que ocupa Palacio, fascinado por tener aviones y helicópteros de las FFAA a su disposición, se dedica a viajar sin ton ni son, y vociferar arengas cada vez más torpes y provocadoras.

Muchos analistas y varios congresistas aseguran que no se obtendrán los votos necesarios para vacar a Pedro Castillo. El fundamento de este pesimista pronóstico es que la guardería de Palacio de Gobierno alberga a muchos niños más que los seis que denunció la lobista Karelim López. Puede ser. Aunque en el Perú nunca se sabe.

La juramentación de Félix Chero, un sentenciado por patrocinio ilegal, como ministro de Justicia, fue sorpresiva aún en un gobierno informal e inepto, que va acostumbrando al país a las situaciones más insólitas.

Para evitar que prospere la moción de vacancia que debería ser votada hoy lunes, Pedro Castillo y sus secuaces han realizado una maniobra que consiste en pedir que el Congreso lo reciba el martes.

La denuncia del procurador anticorrupción Javier Pacheco contra la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos no ha tenido la resonancia que merece. En parte, claro está, porque fue la coalición vizcarrista la que la encumbró, consorcio integrado por la mafia caviar y muchos medios de comunicación que ahora no asumen su responsabilidad en tamaña barbaridad y pretenden barrerla bajo la alfombra.

Apenas siete meses después, se está poniendo de moda decir que la gavilla que se ha encaramado en el poder no es comunista. Por ejemplo, la expremier Mirtha Vásquez ha tenido el desparpajo de decir en una entrevista con Jaime Chincha en RPP que el actual “es un gobierno conservador, con coincidencias con la derecha radical”.

Al comenzar, la estrategia del Gobierno para implantar una dictadura chavista pasaba por convocar a una asamblea constituyente, paralela al Congreso en la que, con una mayoría amañada con supuestas organizaciones populares, establecerían una dictadura y disolverían el Parlamento.

La campaña de comunistas y caviares contra el Congreso tiene como objetivo inmediato amedrentar a las bancadas malaguosas y vacilantes para evitar que prosperen ciertas modificaciones legales que se están realizando para evitar los desmanes que pretende el Gobierno, para lograr que frenen las investigaciones de la galopante corrupción que brota de todos los rincones del Palacio y las entidades