Alejandro Tudela Chopitea

Mientras el Gobierno sigue dando palos de ciego en la lucha contra la inseguridad ciudadana, o se hace el ciego –o algo peor– para capturar al prófugo supuestamente más buscado, cuando la variopinta mayoría “democrática” del Congreso hace cuanto está en sus manos para favorecer la impunidad de la criminalidad organizada y debilitar la seguridad jurídica en el país, existe otro tema metropolitan

El titular corresponde al de un minucioso Diario de Campaña al que nos referiremos líneas abajo.

Frente a los reprobables efectos de la Ley N.º 32108 que debilita la lucha contra la criminalidad organizada y hace cera y pabilo de la eficacia que debe tener la medida de allanamiento en el proceso penal, hay que felicitar más de una resolución del Poder Judicial que dispone prescindir de dicha reprochable norma legal.

Al pergeñar estos renglones, nos encontramos con un proyecto de ley que impulsa una de las bancaditas vinculadas al castro-cerronismo y que propone la prohibición de rendir honores de Estado en las exequias de un expresidente de la República que haya sido condenado penalmente.

No es sorpresa que habría movidas en el Gabinete Adrianzén, pero lo que al final ha ocurrido es “más peor” y pone en entredicho la dirección de la gestión del Gobierno y, por ende, el rumbo del país.

El reciente paso por Lima de Alfredo Ferrero, nuestro eficiente embajador ante EE. UU., ha dejado declaraciones interesantes de cara a la importante cumbre del Foro de APEC en noviembre próximo.

Era evidente que la promulgación de la Ley N.º 32107, que ordena que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma –que crea la Corte Penal Internacional (CPI)– (v.g. a partir del 1/7/2002) y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (v.g.

El debate sobre la vigencia y aplicación de la Ley de Extinción de Dominio –antes denominada Pérdida de Dominio– está servido.

Estos renglones iban a ser otros, pero la triste noticia del fallecimiento a los 96 años del gran poeta Carlos Germán Belli, a quien tuvimos el placer de conocer y disfrutar de su amistad en las antiguas oficinas de la redacción de “El Dominical” del diario “El Comercio”, nos lleva a recordarlo.

Pasó lo que estaba cantado en la elección presidencial de Venezuela: El candidato de la oposición democrática ganó por paliza en las ánforas, pero la maquinaria electoral oficialista del dictadorzuelo Maduro llevó a cabo un escandaloso fraude –un pucherazo en toda regla– a fin de intentar mantenerse en el poder.

En la víspera, más de uno adelantaba que el tradicional Mensaje presidencial de cada 28 de julio dirigido desde el Congreso, no excedería de las dos horas.

El próximo 28 de julio –una coincidencia para los peruanos que apunta a burla sangrienta–, la Patria de Bolívar va a unas elecciones presidenciales marcadas por la absoluta falta de neutralidad de la autoridad electoral y la ausencia de garantías para la oposición democrática que supera con largueza en todas las encuestas imparciales al dictadorzuelo todavía sentado en el Palacio de Miraflores,

Unos renglones previos, aunque parezca una perogrullada. El fin del Tribunal Constitucional (TC) es ser el supremo órgano de control jurisdiccional de la constitucionalidad en el país y el máximo intérprete de la Constitución.

En la historia republicana, difícilmente por no decir improbable, haya existido un período como el reciente en que el dominio del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, sea tan marcado y nefasto, al punto que el sistema semipresidencialista que establece la Constitución es casi un chiste o una vergüenza como se mire.

No es novedad que desde hace más de treinta años la relación del Perú con los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (ergo, Comisión y Corte IDH), ha sido tensa por decir lo menos.

Podrá parecer un manido recurso periodístico, pero teníamos en mente otros renglones. Total, la semana que pasó da –como de costumbre– para muchos temas en esta pobre viña peruana del Señor. Sin embargo, en lo político hay tiempo, por lo menos, hasta el 12 de julio para avizorar cómo vendrá la campaña electoral sea ésta para el 2026 o antes. Dicho esto, vamos a los nuevos borrones.

Si bien el polémico período legislativo 2023-2024 acaba de concluir, no así la posibilidad de que la Comisión Permanente del Congreso apruebe hasta el día 19 de julio próximo el cerro de dictámenes y proyectos de ley que existen o existirán en el orden del día y agenda que queda en sus manos. A dos de ellos, dedicamos estos renglones y a los demás lo que haga falta más adelante.

En la columna pasada, por falta de espacio dejamos pendiente borronear sobre el malhadado proyecto de ley aprobado por el Pleno en primera votación que desnaturaliza –por decirlo suave– la legislación para la represión de la criminalidad organizada y el Código Procesal Penal en materia de aplicación de la medida restrictiva de Allanamiento.