Elizabeth Zea Marquina

Hablar de familia implica referirnos a ella como el cimiento de la estructura social. La Constitución le da categoría de instituto natural y fundamental de la sociedad, y no es para menos, pues es el seno familiar donde damos nuestros primeros pasos, donde formamos el carácter, la personalidad, forjamos nuestros hábitos y costumbres.

En los sistemas internacionales de los derechos humanos se da cabida a mecanismos como la conformación de grupos de expertos independientes que contribuyen con aportes técnicos al diseño e implementación de las acciones del Estado orientadas a garantizar el respeto de los derechos.

La lucha contra la criminalidad, el mantenimiento del orden y la prevención son instituciones con amparo constitucional. De otro lado, el monopolio del uso de la fuerza lo ejerce de forma legítima el Estado soberano bajo el principio de legalidad.

El Perú, como la mayoría de Estados de la región, ha ratificado el Pacto de San José y ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, formando parte de un sistema cuya razón de ser es garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Los Derechos Humanos no son ajenos a la política. Es más, constituyen su fin esencial, pues se materializan en la gestión del gobierno y la ejecución de un gasto público destinado a cerrar las brechas de desigualdad.

El déficit de infraestructura carcelaria y el pésimo estado de las condiciones sanitarias son una constante en nuestro sistema penitenciario que impacta en la calidad de vida de las personas privadas de su libertad que viven hacinadas, limitando así su derecho a la salud.

El derecho a la salud es un derecho humano esencial de la persona y parte integrante de este derecho es nuestra salud mental. Su pleno disfrute y realización depende de la intervención del Estado, de proveer las condiciones necesarias para su ejercicio pleno.

Históricamente, Reino Unido ha sido un país a la vanguardia de la lucha por los derechos de las mujeres.

Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con procesos y mecanismos reforzados para recuperar bienes producto de la corrupción y de la criminalidad organizada, incluso herramientas procesales preventivas para impedir que los criminales oculten sus bienes.

La necesidad de la reducción de los riesgos de desastre fue introducida por la Organización de Naciones Unidas en la década de 1990 con la finalidad de tomar conciencia de la necesidad de contar con un sistema de prevención de desastres eficiente y descentralizado, que responda a criterios de urgencia y oportunidad en favor de las personas más vulnerables.

Diariamente, los peruanos sufrimos las consecuencias de una mala gestión pública. Hospitales en situación deplorable, desabastecidos de medicamentos o colegios que no cuentan con internet o sin servicios de agua y desagüe; incluso cuando somos víctimas de la inseguridad ciudadana, los contribuyentes no podemos evitar preguntarnos: ¿a dónde se van nuestros impuestos?

El pasado viernes, el medio web Hildebrandt en sus trece publicó un informe titulado “¡Qué asco!”, en el cual se cuestiona la actuación de la Defensoría del Pueblo, aludiendo a una presunta colusión con el Tribunal Constitucional y un denominado “Club de la Construcción” ante la sentencia emitida en el Expediente Nº 00001-2024-PI/TC, sobre la demanda de inconstitucionalidad que la Defensoría in

En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional español se ha pronunciado sobre el derecho a los permisos y prestaciones por nacimiento y cuidado de menor de las familias monoparentales, los cuales se habrían estado aplicando con trato discriminatorio en perjuicio de los menores que dependen solamente de uno de los progenitores, que en su mayoría de casos es la madre, sentencia que, parti

En nuestra Constitución, las vacaciones son parte del ejercicio del derecho de los trabajadores a descansar de sus actividades, lo cual además contribuye a sus derechos al libre esparcimiento y a su salud física y mental. Si lo vemos desde un enfoque económico, contribuye además a una mejor y mayor productividad en las labores que realiza.

En el mundo contemporáneo, la transparencia es una herramienta fundamental. Es una obligación esencial del Estado incorporar mecanismos en cada uno de sus procesos de gestión a fin de facilitar el acceso eficiente a servicios públicos de calidad. En este propósito, el involucramiento de la ciudadanía debe estar garantizado.

El año pasado, el ataque cibernético al banco Interbank abrió el debate sobre la seguridad de la data de los bancos y de las empresas en general, cuya vulneración no solo afecta nuestro derecho a la privacidad, sino incluso a la propiedad de nuestros ahorros, pudiendo simular transferencias cuenta a cuenta, robándonos así los ahorros de toda nuestra vida, sin siquiera haber proporcionado nuestr

La justicia suele ser representada como una dama con los ojos vendados sosteniendo una balanza equilibrada, es decir, una justicia que trata a todos por igual cuyas resoluciones son razonables y ponderadas. Sin embargo, esta noble dama no representa la realidad de nuestro sistema judicial, caracterizado por la lentitud, la burocracia y la corrupción.

El Tribunal Constitucional ha resuelto un caso importante en materia del derecho de acceso a la información pública en cuanto a los acuerdos de colaboración eficaz celebrados por el Ministerio Público.