Fernando Rospigliosi

Dina Boluarte pronunció un larguísimo discurso lleno de supuestos logros y plagado de promesas que no podrá cumplir.

El estrepitoso fracaso de la asonada promovida por una amplia alianza que incluía desde caviares hasta terroristas del Vraem, pasando por senderistas de la facción de Abimael Guzmán (Movadef), curas izquierdistas y sindicalistas sin bases, demostró, una vez más, que no son capaces de entusiasmar y movilizar a las masas, preocupadas por su sobrevivencia y desencantadas de todos los políticos.

Los que encumbraron a Dina Boluarte el 2021 y la defendieron férreamente frente a los varios cuestionamientos que recibió, hoy promueven su violento derrocamiento. Y quienes pretendían defenestrarla por las varias irregularidades de su candidatura y luego de su gestión, hoy la resguardan y justifican. Así es la política peruana, con bruscos cambios, a veces inexplicables para la mayoría.

Las élites caviares y comunistas pretenden desintegrar el Perú, como parte de su estrategia para hacerse del poder e implantar un régimen del socialismo del siglo XXI.

A raíz de que un policía disparó y abatió a un delincuente juvenil que había ignorado las señales que le hicieron y había escapado varias veces a los intentos de detenerlo, miles de musulmanes y migrantes de África y Medio Oriente están realizando una impresionante ola de vandalismo y destrucción, en la nación que los acogió y les brinda los servicios de un país del primer mundo.

Recientemente, Aldo Mariátegui (Perú21) y Ricardo Vásquez Kunze (Expreso) han hecho notar la pública injerencia de los embajadores de los EEUU y el Reino Unido en la política peruana. Específicamente su respaldo a ciertos periodistas y oenegeros caviares. O políticos disfrazados de periodistas.

La división de Secuestros de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal) ubicó al asesino conocido como el “maldito Cris” y, con la participación de otras unidades policiales, lo abatió.

Solo algunos ingenuos se sorprendieron cuando una comisión del Congreso evadió su deber de sancionar como se merecían a dos parlamentarias “roba sueldos”. Si la mayoría está involucrada en esa clase de delitos, u otros peores, es obvio que se tienen que proteger entre ellos.

En un reciente debate televisivo, los panelistas conversaban sobre los latrocinios de Pedro Castillo y sus secuaces. Específicamente se hablaba de las evidencias concluyentes de los pagos mensuales que recibía el delincuente hoy recluido en la Diroes, sus hermanos y otros familiares, producto de las coimas procedentes del Ministerio de Vivienda.

Dina Boluarte quiere conocer el mundo y gozar de la pompa y el boato de recepciones oficiales. Lamentablemente para ella, no puede hacerlo sin violar flagrantemente la Constitución.

Las nefastas decisiones del Congreso la semana pasada -desechar la fundada acusación constitucional de la fiscalía acusando a 4 congresistas de graves delitos y designar a Josué Gutiérrez defensor del Pueblo-, confirman que la fallida democracia peruana padece de una enfermedad terminal, irreversible.

El lunes pasado, en un intento de atenuar sus cobardes declaraciones culpando a las fuerzas del orden de las secuelas de los disturbios provocados por los secuaces de Pedro Castillo, la presidente Dina Boluarte fingió respaldar a las Fuerzas Armadas.

El esperpéntico informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido elaborado por socialistas del siglo XXI: repite todos los clichés y falsedades de esa corriente comunista para concluir demandando todo lo que los seguidores de Pedro Castillo exigen.

La extradición de Alejandro Toledo ha desatado nuevamente las pasiones, y el expresidente es acusado de todos los vicios posibles, al tiempo que se recuerda que los gobernantes de las últimas cuatro décadas son considerados corruptos por haber sido procesados por diversos delitos.

El título de este artículo es políticamente incorrecto y debería merecer la censura y el cargamontón de los activistas, porque se refiere a las cinco congresistas que han sido denunciadas por robarles una parte de su sueldo a sus trabajadores.

Los ataques a balazos a dos serenos –uno ultimado en el Callao y otro asesinado en Surco–, es una muestra de un cambio sustancial en las modalidades delictivas: el aumento exponencial de la violencia, asunto que no se está reconociendo en su debida dimensión.

La oposición al gobierno del delincuente recluido en la Diroes, se ha dividido ahora entre los que quieren destituir a Dina Boluarte y convocar elecciones anticipadas de inmediato y los que apuestan por mantenerla hasta que culmine el mandato el 2026.

El evento del Foro Madrid celebrado en Lima la semana pasada ha sido un hito muy importante para establecer coordinaciones e intercambio de experiencias entre políticos e intelectuales europeos y latinoamericanos de la derecha, es decir, defensores de la democracia y el libre mercado, opuestos a los izquierdistas y socialistas del siglo XXI, partidarios del estatismo y de las dictaduras corrupt