Martha Chavez

Ante la gravísima situación política y social generada por ineptitud, mentira permanente, cercanía con el terrorismo y el narcotráfico, así como corrupción del propio mandatario y de las personas que integran su círculo familiar y amical directo y de las que él designa en altos cargos públicos, en menos de nueve meses de asumido el cargo, desde diversas canteras no oficialistas se han venido en

Corresponde entregar la segunda parte del artículo publicado hace una semana en esta columna y al momento de escribirla el expresidente Alberto Fujimori, aquél cuya libertad resultó afectada por la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a la que mi artículo se refiere, está ingresado en un establecimiento de salud luego de ser evacuado -de emergencia y en

El 7 de abril en curso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que el Perú se abstenga de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional peruano (TC) el 17 de marzo pasado, que había restituido efectos al indulto por razones humanitarias otorgado en diciembre de 2018 al expresidente Alberto Fujimori.

Ayer, a media tarde, en circunstancias de haber recibido atención médica ambulatoria y requerir se agende la toma de dos ecografías, me doy con la súbita suspensión en las actividades del establecimiento de salud, y el cierre de sus puertas, por razones “del paro”.

Sin duda el día de ayer, más allá de que al final de la jornada se logren o no los 87 votos (cierro este artículo cuando aún no se inicia el debate congresal) necesarios para declarar la vacancia por permanente incapacidad moral del presidente de la República, según dispone el Art. 89-A del Reglamento del Congreso de la República, queda como un hito en la vida política del país.

Por cuarta vez dedico esta columna al indulto en favor del expresidente Alberto Fujimori.

Hace una semana señalé que quien ejerce la presidencia de la República está obligado por la Constitución y la ley a comparecer ante el Congreso, ya se trate de una comisión ordinaria o investigadora, o, mejor aún, del Pleno del Poder Legislativo.

Desde los inicios de la gestión de P. Castillo se han venido haciendo de conocimiento público informaciones, destapes y denuncias que no se limitan a comprometer a quienes él ha designado en distintos cargos en el Poder Ejecutivo y hasta familiares.

Ni en los más irreverentes ejercicios de imaginación sobre los peores escenarios que pudieran darse en la vida política de nuestro país, podría alguien haber esbozado uno peor o más nocivo que el que hoy agrede al Perú y del que es responsable Pedro Castillo Terrones, quien terminó encaramado en el cargo de presidente de la República y con enorme poder como jefe de Estado y jefe de gobierno y c

Considero que a estas alturas, no queda duda alguna de que el gobierno, sea dirigido por P. Castillo, V.

El martes pasado me referí a la necesidad de que de manera inmediata se ponga fin al fiasco y peligro cierto de grave daño al país y a los peruanos que significa este gobierno, que hace apenas unos días – el 8 de febrero en curso - ha juramentado a su cuarto gabinete en los siete meses que lleva de iniciado.

La designación, hace una semana, como presidente del Consejo de Ministros de un tránsfuga reiterado y caracterizado agresor no solo de su entorno familiar más cercano sino de quienes tuvieran la desgracia de contratar con él y hasta de analizarlo sicológicamente, sin duda terminó por cerrar el círculo de la inviabilidad esencial del gobierno que se inició a fines de julio del año pasado.

Escribo este artículo mientras se especula que cae el gabinete presidido por Mirtha Vásquez, ex (¿aún actual?) brazo derecho del ex cura Arana y antiminera, marxista y pro aborto.

Siempre he sostenido, de palabra y con los hechos, que el Congreso no es una fábrica de leyes y que su eficiencia no puede ser medida según la cantidad de normas que aprueba.

El martes 8 de enero de 2019, escribí en esta misma columna acerca del uso innoble de mecanismos legales para destruir a un opositor, fenómeno que ha sido etiquetado como lawfare, palabra que reúne dos vocablos anglosajones y que hoy se aplica a los gobiernos que convierten a las instituciones públicas en puros, y muchas veces impúdicos, instrumentos de acoso político, llegando incluso a manipu

Transcurridos poco más de cinco meses, queda claro el modo impropio, muy cercano al gansteril, con que el gobierno de Pedro Castillo viene administrando el país.

A inicios de diciembre pasado, P. Castillo reveló que se encontraba haciendo una “chanchita” (cuyo producto y destino hasta hoy se desconocen) para los niños. Esa revelación no era ni por asomo un dar cuenta de su labor, por la que recibe del Estado sueldo, casa, alimentación, movilidad, etc., personal y familiar, que él extiende indebidamente hasta a actividades de placer y distracción.

Abundan en esta columna y en la prensa independiente, de la que es portaestandarte el diario que me acoge, elementos que sustentan y justifican la terminación adelantada del actual gobierno -lo más pronto mejor- dado que no solo hay reiterada e intencional inclusión, a su más alto nivel, de elementos vinculados a delitos tan graves como terrorismo, narcotráfico, corrupción organizada en función