Luis García Miró Elguera

Noticia destacada ayer por El País (España): “La erupción del volcán submarino en Polinesia causa al menos dos muertos en Perú.” ¿El gobierno peruano ha dado cuenta del hecho? ¡Por supuesto no!

Hemos perdido un semestre sumergidos en el pantano del engaño que el comunismo ha regado por todo este país. Pobres, ricos, profesionales, informales, eruditos, tontos, blancos, morenos, indios, etc., cayeron en la trampa del inocente, pobretón, campesino y bienintencionado profesor, presuntamente distanciado del descarado marxista y pro sendero mandamás del partido Perú Libre.

La judicialización de la política y la politización de la Justicia han hecho del Perú un país donde el ciudadano es indefenso. Basta discrepar con el poder político para ser su víctima sólo por oponerse a su supremacía. Reprobable tiranía que pone a este país en las antípodas del sistema democrático y del Estado de derecho, o imperio de la ley.

Desde la campaña electoral, comprobamos que Castillo es un mentiroso compulsivo. Además un cínico prepotente. Mintió al entregar su hoja de vida al Jurado Nacional de Elecciones omitiendo ser accionista/gerente de la empresa Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C., según precisan los registros públicos.

Luis Castañeda Lossio ha sido probablemente el Alcalde de Lima que mayor cantidad de obra pública útil construyó, durante sus tres periodos como burgomaestre limeño. Empezó su vida política –y su entrega a la capital del país- como Regidor durante otra exitosa gestión municipal, la del recordado Alcalde y político de polendas Arq. Eduardo Orrego Villacorta.

Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, ambos fiscales de la Nación, son una estafa como encargados de perseguir el crimen. Son responsables de que, transcurridos casi cinco años, no exista un solo ex presidente de la República ni la ex alcaldesa limeña acusados formalmente ante un juez, por el escándalo Lava Jato.

El Congreso, amigo lector, es un espectro hasta el momento absolutamente inservible para la democracia; aunque utilísimo para el comunismo/senderismo que, a velocidad de crucero, viene ejecutando el proyecto habanero y caraqueño que encarna Castillo.

El domingo, EXPRESO anticipaba que algo sospechoso se cocinaba en el clan Castillo, alrededor a un sujeto llamado Daniel Salaverry. Veamos de quién se trata. Fue regidor aprista en Trujillo. Estuvo vinculado al exsecretario fujimorista Joaquín Ramírez, investigado por la DEA por narcotráfico. Después fue asalariado de Keiko, a quien traicionó.

Toda regla, para ser válida, necesita exhibir al menos una excepción. Es lo que refiere un certero aforismo.

Comentábamos últimamente la involución que ha sufrido la autoridad política nacional, y con ello la sociedad entera, sometida a despreciables regímenes de gobierno que, al final del día, han acabado con la Educación Pública, la Sanidad Estatal y la Seguridad Ciudadana, para empezar.

Somos el hazmerreír del mundo exhibiendo no sólo física sino intelectualmente a Pedro Castillo como presidente.

La columna aparecida ayer fue escrita el martes, después de conocerse la decisión de imputar al todavía jefe de Estado, Pedro Castillo, y antes de que la imputación quedase congelada en el tiempo, por ucase de esa esperpéntica Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación. Ávalos, como se sabe, está en el cargo digitada por la corporación caviar que domina aquel centro de poder del Estado.

Ayer, la Fiscal de la Nación -¿acaso porque las pruebas ya no existirían o habrían sido modificadas?- abrió investigación al todavía presidente Pedro Castillo “por presuntos delitos de tráfico de influencia y colusión en las ‘reuniones’ privadas llevadas a cabo en Breña”.

El Perú –el mundo entero, más bien- ya no volverá a ser lo que fue en tiempos no tan lejanos. Retrotraigámonos algunas décadas.

Los congresistas de eso que queda de Acción Popular; los parlamentarios de Alianza para el Progreso; los legisladores de Podemos y demás partidos que dicen defender la Democracia y el Estado de Derecho, ¿hasta qué estratos de caos esperan que llegue nuestra nación para aprobar la vacancia por comprobada “Incapacidad Moral para Gobernar”; o para acusar constitucionalmente al presidente Castillo

En democracia, la autoridad no está diseñada para intimidar a las personas. Su única obligación es, más bien, servirla y aplicarla a la defensa de los derechos sociales y personales que fijan la Carta y las leyes. No obstante, cuando quien ejerce autoridad resulta ser un atorrante, esa Autoridad de convierte en verdadero peligro público.

Por tremendas que parezcan las atrocidades que hemos visto en estos escasos cinco meses de gestión del régimen que encabeza Pedro Castillo –corruptelas a todo nivel, empezando por el círculo presidencial rodeado de garrapatas como el ex secretario de palacio y de damiselas como Silvia Barrera o Karelym López, interviniendo para que la Sunat le condone deudas millonarias a sus amigotes y/o la ad

No es posible, amable lector, satisfacernos con la estupidez, la mediocridad, la mentira y la informalidad, como sistema regular de gobierno. Aceptarlo equivaldría a claudicar a fundamentales principios de democracia, Estado de Derecho y a la –supeditada- ética social para respetar a todo aquel que funja de máxima autoridad, en su condición de gobernante de 32 millones de peruanos.