Luis García Miró Elguera

Maximiliano Cárdenas Díaz fue uno de los articuladores y fundadores del Partido Unificado Mariáteguista, conocido como PUM.

Confirmando su hipocresía, el venido a menos diario La República denigra la promulgación de la ley de promoción agraria que restituye el régimen tributario a la agricultura moderna, tras lograr el milagro de convertir a aquellos arenales costeros en vergeles productores de infinidad de frutas y frutos.

Todo conduce a que la inminente segunda vuelta electoral boliviana se definirá entre el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga. Ambos —políticos de derechas— fueron los candidatos más votados el domingo 17 de agosto, en una elección desarrollada en medio de la colosal crisis sociopolítica-económica que ha llevado al caos a Bolivia.

Quienes postulan a cualquier cargo dentro del aparato estatal están obligados a conocer, hasta en el más mínimo detalle, las obligaciones —como las consecuencias— que implica su incumplimiento.

La tarde del pasado viernes, el centro de Lima soportó una feroz balacera que alarmó a comerciantes y transeúntes. Ocurrió en la intersección de la avenida Abancay con el jirón Cusco, donde un fuego cruzado entre criminales desataba el pánico entre centenares de personas que transitaban por allí.

Triste país. Tenemos el infame récord interplanetario de seis expresidentes de la República procesados judicialmente por corrupción. ¡Cinco arrestados en penales y uno con prisión domiciliaria! Una vergüenza sideral. Aunque, por otro lado, una esperanzadora muestra de voluntad de castigo al crimen perpetrado contra el Estado.

Anteayer fue un día de miércoles para el sinvergüenza Martín Vizcarra. El Poder Judicial ordenó que cumpla cinco meses de prisión preventiva, en el marco de las investigaciones “por presunto cohecho” alrededor de los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua”.

Las disputas ideológicas/personales dentro del Ministerio Público, que involucran a Patricia Benavides con Delia Espinoza y la Junta Nacional de Justicia, no son simples desacuerdos administrativos. Representan una honda crisis institucional que, entre otros, acarrea serios riesgos para el sistema de justicia y la gobernabilidad democrática del Perú.

Susana Villarán llegó hasta la alcaldía limeña, endiosada por las izquierdas. Su objetivo fue convertirse en diva del socialismo sudaca. En 2021, una de sus primerísimas iniciativas fue condecorar al terrorista Gustavo Petro, asesino en masa de colombianos y, paralelamente, narcotraficante.

Analicemos lo que viene sucediendo —impunemente— en nuestras narices, durante el período de brutal anarquía y absoluta corrupción en que se encuentra nuestro país.

La avanzada violentista de los mineros ilegales mantiene jaqueado el centro de la capital, a la vez que innumerables carreteras.

La semana que pasó, la Junta de Fiscales Supremos en actividad, conformada por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Delia Espinoza, Juan Carlos Villena y Tomás Aladino Gálvez, acordó por unanimidad exigirle a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que “resuelva de inmediato” el pedido de Patricia Benavides para retornar al Ministerio Público.

Acorralado por su orfandad popular, sus venas totalitarias y su total desconocimiento de lo que constituyen la diplomacia y los acuerdos internacionales, Gustavo Petro, sanguinario terrorista y narcotraficante lamentablemente encaramado como presidente de Colombia, ha encendido una artificial crisis fronteriza contra Perú basada en su ilegítima disputa sobre la soberanía de la isla Santa Rosa,

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 32130 ha generado un debate jurídico/institucional, al declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de La Libertad contra la Ley 32130, y contra los decretos legislativos relacionados. Analicemos este interesante caso.

Tras el inicio de su construcción el año 2014, la Línea 2 del Metro de Lima se proyectó que estaría lista en cuatro años. Once años después, la Línea 2 del Metro continúa enfrentando múltiples obstáculos por yerros del Estado y de la contratista: el consorcio conformado por Iridium-Dragados, FCC, Webuild, Cosapi y Hitachi Rail STS.

Lo que mal anda, mal acaba. La todavía fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela –ilegítima e inconstitucionalmente enquistada en el cargo–, ha apelado a cuanta estratagema tuvo a su alcance para impedir el retorno a su cargo de la exfiscal de la Nación, doña Patricia Benavides.

Gustavo Gorriti, el zar de nuestro sistema judicial (Ministerio Público y Poder Judicial), ha respondido que no asistirá a la convocatoria que ha recibido del presidente de la comisión que investiga el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, argumentando que la comisión “carece de legitimidad e imparcialidad”.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha declarado inejecutable la sentencia que emitió el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, en los seguidos contra el Jurado Nacional de Elecciones por el comunista Duberlí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema, en representación del partido Unidad Popular que él comanda.