Luis García Miró Elguera

El solo debate de la bicameralidad gatilló las glándulas sebáceas de la mayoría de representantes ante el Congreso. La euforia fue enorme para un segmento de congresistas que, de legisladores, no tienen un pelo por su crónico analfabetismo. Peor aún, por su persistente desinterés en corregirlo para, siquiera, hablar y escribir correctamente.

¿Acaso alguien en su sano juicio estaría en condiciones de vaticinar el resultado de las elecciones generales peruanas, previstas para abril de 2026 y su consecuencia en el escenario nacional? ¿Recuerdan lo que soportamos tras los comicios de 2021?

El espacio más usado por la mafia caviar, obsesa por cambiar nuestros paradigmas, ha sido y es la Fiscalía de la Nación, convertida en centro de chantaje a nuestras autoridades electas, a la clase política, así como financiera, emprendedora, etc. y, también a la médula misma de nuestra sociedad.

Lo que prima en nuestro Estado actual, intervenido por los caviares, es la anomia que permite que aquel grupúsculo de indeseables, padrinos de la enorme corrupción que hoy campea en el país, domine a nuestra sociedad al amparo de un bien elucubrado mecanismo de chantaje, a partir del secuestro del sistema de Justicia violentando la Constitución.

La coyuntura nacional sigue en punto de ebullición. Digamos que los bomberos han conseguido confinar el fuego; pero no apagar un incendio originado después de la fraudulenta elección de Pedro Castillo, ¡El pueblo tampoco ignoraba esos violentos enfrentamientos desatados entre las que, aún, eran fuerzas del orden al servicio de la democracia!

Si de verdad el Perú quisiera alejarse del estado catatónico en que se encuentra, resultaría insalvable reorganizar en profundidad su sistema Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones JNE, la ONPE y el Reniec; emplazamientos estratégicos del Estado que se encuentran secuestrados por la organización criminal de los caviares.

¿Por qué nuestros jóvenes universitarios contemporáneos no se rebelan contra la corrupción tercamente generalizada, incrustada sobre todo a lo largo y ancho del poder político, convirtiendo en la práctica al Estado peruano en un auténtico antro de podredumbre?

“Al señor (sic) Martin Vizcarra no le basta absolutamente nada, siendo él parte de la organización (criminal) que es materia de investigación. A pesar de los hechos, sigue con una ‘comparecencia simple’, con ciertas restricciones; pero nada más. Cuando en realidad, debería aplicarsele la ley en igualdad de condiciones; con más peso para aquellos que tienen mayores responsabilidades.

Señores legisladores, este comentario no implica teoría de la conspiración alguna. Sólo lleva el sello de angustia y preocupación de millones de ciudadanos que, al momento de votar aquel abril de 2021, confiaron en ustedes para que, al menos, actuasen como voceros suyos.

Este gobierno, sin experiencia en obra pública -aunque los pininos de la ministra Pérez de Cuéllar en materia de vivienda, fueron un despropósito con tufo a corrupción-, intenta poner en marcha “la mayor obra de nuestra historia de infraestructura individual”, en plena coyuntura caótica económica/financiera/social/política, de las más severas que se recuerde.

Odebrecht invirtió unos cien millones de dólares en publicidad para comprar a la gran prensa; a periodistas serviles o cuanta huachafería se les ocurra llamarles; en agencias de “Relaciones Públicas”; en grandes y medianos estudios de abogados; en gremios mediáticos como Ipys, y “freelancers” todoterreno dispuestos a llamarle día a la noche y viceversa.

En toda sociedad democrática, la Constitución, las leyes y el Estado de derecho prevalecen sobre cualquier interés; sean particulares, gremiales o lo que fuere. El poder Legislativo esta facultado para remover de sus cargos a todos los funcionarios públicos pertenecientes a los más diversos espacios estatales. ¡Inclusive, al propio jefe de Estado! Lo permite, expresamente, la Constitución.

Somos, todavía, una sociedad muy poco –muy mal– educada; emocionalmente casi primitiva y manipulable hasta no más. El costo de semejante pasivo es este país del tercer mundo que tenemos. Aunque, por decoro, nadie ha llegado aún a calificar de Cuarto o Quinto mundo a países como el nuestro.

El criado no le resultó respondón a doña Dina Boluarte. Apenas arribado a Lima, procedente de Canadá –donde se encontraba representando al Perú, con un grupo de empresarios asistentes al Foro Minero más importante del planeta–, el ahora ex primer ministro Alberto Otárola fue sorprendido la noche del domingo último por unas explosivas revelaciones sobre su conducta.

Las intrigas en el poder son verdaderamente despiadadas, corrosivas, destructivas; generalmente condenables. Más aún, cuando la izquierda –el comunismo cubano, como pareciera ser el caso– estaría de por medio.

La sombra de Jaime Villanueva, ex asesor de la ilícitamente suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, persigue a los caviares.

La Justicia contemporánea es un bodrio fabricado por la URSS para espantar, incluso secuestrar, a las autoridades de gobiernos democráticos occidentales y, de contrabando, ella gobernar.

Adicional a su obsesión por capturar la Fiscalía de la Nación y el poder Judicial, la mafia caviar, presidida por Gustavo Gorriti, permanece destruyendo el aparato policial/militar, cuya misión es resguardar el orden. Gorriti hace suya esta venganza de los terroristas, derrotados por ambos institutos.