Luis García Miró Elguera

En toda sociedad civilizada, la Ley y la Justicia constituyen los pilares del Estado de Derecho. En nuestro caso, aquello equivale a decir que ya no somos una sociedad civilizada. Porque, si bien en teoría tenemos leyes, nuestros jueces y fiscales sencillamente las desprecian y/o las mantienen archivadas.

Hemos entrado a la etapa kafkiana de lo que queda de la mal llamada democracia peruana.

No debe quedar impune la amenaza al Estado de derecho exhibida por Delia Espinoza, la iconoclasta exfiscal de la Nación que ilegalmente ha ocupado el cargo toda esta semana.

La abogada Delia Espinoza debe deponer su secuestro del Ministerio Público, cargo que inconstitucional e ilegítimamente ocupa.

El viernes, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) elegirá a tres nuevos jueces para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Resulta indispensable que, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, investiguen la trayectoria de un nefasto sujeto llamado Gustavo Gorriti Ellenbogen, destructor del sistema judicial peruano basándose en su inquina y sed de venganza contra el fujimorismo.

Los caviares han desatado una batalla sin cuartel al interior de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a raíz de que esta –conformada desde hace pocos meses por profesionales decentes y apolíticos– repuso a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, indebidamente separada del cargo en mayo del año pasado por la camorra caviar que manipulaba la JNJ.

Los caviares han desatado una batalla sin cuartel al interior de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a raíz de que ésta —conformada desde hace pocos meses por profesionales decentes y apolíticos— repuso a Patricia Benavides Vargas como Fiscal de la Nación, indebidamente separada del cargo en mayo del año pasado por la camorra caviar que manipulaba la JNJ.

Ayer EXPRESO preguntaba: “¿Dónde están los fiscaletes Rafael Vela y Domingo Pérez? ¡Se han esfumado! No se les ha visto ni en la ‘pijamada’ de Delia, la Espinoza. Vela dice que tiene un tremendo conflicto de intereses con Patricia Benavides.

Una desesperada Delia Espinoza, hoy exfiscal de la Nación, manipulada por los caviares e ilegalmente encaramada en el noveno piso de la sede central del Ministerio Público, ahora busca refugio entre sus amigos jueces para evitar ir presa; y además, conseguir que algún “juez amigo” suyo suspenda, procese y condene a Patricia Benavides, la actual fiscal de la Nación repuesta por la Junta Nacional

La hoy impostora fiscal de la Nación, Delia Espinosa —desaforada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ)— se atrincheró el martes en un despacho —que hoy ocupa ilícitamente— y dijo: “hoy yo no regreso a casa”, ante decenas de ganapanes suyos que habían subido al piso nueve del edificio, sede del Ministerio Público, para solidarizarse con quien les ha otorgado puestos muy probablemente indebidos

Patricia Benavides Vargas retornará a su puesto como fiscal de la Nación en el Ministerio Público el lunes 23, tras la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anula las medidas disciplinarias que generaron su destitución. Su abogado, Humberto Abanto, dijo: “Ningún elemento impide su retorno al cargo. Ha tomado esta decisión con serenidad”.

Con la llegada a la presidencia del Perú de Alejandro Toledo —asesinado por Gustavo Gorriti y su mafia caviar—, el Poder Judicial y la Fiscalía acabaron secuestrados. El propósito fue judicializar la política y asegurarle estadía permanente a aquel poderoso, siniestro operador. El apoyo financiero y estratégico lo obtuvo Gorriti de Open Society, ONG de George Soros.

En la vida, amable lector, la Justicia tarda pero llega. Muchas veces extemporáneamente; otras, oportunamente.

La judicialización de nuestra política —y su complemento, la politización de la Justicia— están causándole tal daño al Perú, que la palabra caos no alcanza a describir la terrible realidad que nos embarga, desde que la mafia caviar se instaló acá.

En el Perú, la edad límite para jueces y fiscales es setenta años; una de las más altas del planeta. En América, este límite varía. En Estados Unidos, los jueces federales disfrutan de tenencia vitalicia: sin edad obligatoria para el retiro. En cambio, en Bolivia, los jueces de las cortes Suprema y Superior sirven solo seis años, sin reelección.

El 23 de abril de 2024, el congresista Jorge Montoya presentó una moción para conformar una Comisión Investigadora de las “causas y circunstancias” que rodearon la muerte de Alan García.

Nuestro sistema jurisdiccional, entendido como la potestad derivada de la soberanía del Estado para aplicar el derecho en un caso concreto —resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia que será ejercida de manera exclusiva por los tribunales de justicia, integrados por jueces autónomos e independientes— atraviesa, hace ya dos décadas y media, por una severa crisis, sin preceden