Luis García Miró Elguera

Tras dos décadas de sometimiento, los caviares aún no se dan cuenta de que el Perú ya les ha dicho basta.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó de un plumazo a la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por declaraciones de su asesor, Jaime Villanueva.

A la hora undécima y con total nocturnidad –cuando el país ya está escaldado, incendiado por la sistemática destrucción del ahora apparátchik político llamado Ministerio Público, por una cofradía de crápulas conocida como los caviares, el pleno de la Junta Nacional de Justicia JNJ, epicentro de la corrupción instalada en nuestro Estado desde que los caviares tramaron el montaje más conocido com

El Perú contemporáneo, desde inicios del Tercer Milenio, es ese ultramafioso país de la delincuencia, de la mentira, la prepotencia, la trampa, la intriga, el ajuste de cuentas y, en general, del crimen sin castigo. En eso lo ha convertido la mafia caviar.

La periodista Milagros Leiva presentó un video que hunde al ex Fiscal de la Nación –todavía Fiscal Supremo– Pablo Sanchez, dando vetadas instrucciones para suspender una diligencia realizada en 2018.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) está en el ojo de la tormenta desde hace demasiado tiempo. Un ente que ha perdido la confianza de la opinión pública no puede ni debe seguir estando a cargo de supervisar a los jueces del poder Judicial, a los fiscales del Ministerio Público, al Defensor del Pueblo, entre otros altos cargos que tiene encomendados velar por ellos, en defensa de la sociedad.

Hace demasiado tiempo –por lo menos desde el régimen de Ollanta Humala– que el Perú dejó de crecer, económicamente hablando. Y a partir de la funesta gestión del corrupto Vizcarra, incluso, por primera vez desde los años ochenta, el país entró en pérdida. Desde entonces, cargamos imponentemente la cruz del desastre sobre nuestros hombros.

El Perú aún no aprende de sus aciagas experiencias. En cuanto megaproyecto ha participado, sea directa, indirecta o tangencialmente, las consecuencias han sido catastróficas.

Resulta insólita, inclusive insultante, la indecisión del gobierno Boluarte respecto al caos en que se encuentra la petrolera estatal Petroperú.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un instrumento coercitivo/vengativo inventado por el sátrapa imputado por corrupto llamado Martín Vizcarra, quien permanece cuestionado hace ya demasiado tiempo sin ser denunciado por la Fiscalía, ni imputado por corrupto; menos aún, apresado como corresponde por la Justicia.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es un caos, por culpa de CORPAC. Es decir, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que lidera el ministro Raúl Pérez Reyes. Ese a quien le gusta esperar que los problemas se incuben y luego exploten, en lugar de tomar al toro por las astas, y solventar las crisis haciéndolas abortar tan pronto aflore el primer aviso de problemas.

El señor Raúl Perez Reyes es ministro de Transportes y Comunicaciones. Aunque, no se si le sucederá lo mismo a usted, amable lector; pero, desde tiempos del saurio Vizcarra los gabinetes ministeriales los conforman sujetos cuyos nombres no sólo no significan nada, sino que su estadía en el cargo es tan efímera que el cerebro decide que, ni siquiera, vale la pena incorporarlos a la memoria.

El farsante Vizcarra en un sujeto taimado, vendedor de cebo de culebra, y corrupto hasta la médula. Basta verle la mirada torva, para sospesar el extremo de maldad que carga en ese esmirriado cuerpo que le acompaña.

Hay circunstancias que ponen de manifiesto la calidad –o la calaña, según el caso– de una sociedad. Una de ellas es volver a poner la cara, después de haber recibido un infame y sonoro sopapo del miserable que se tenga al frente. ¡Se necesita ser pues demasiado tonto para dejarse maltratar por el mismo malandrín, delincuente y/o criminal que abusó del agredido!

Somos un país cuyo Ministerio Público está secuestrado por la mafia que domina el poder Judicial. Desde el Ministerio Público, una poderosa camorra foránea teje los hilos del hampa siguiendo los intereses ideológicos, crematísticos y políticos de la aplanadora que regenta Gustavo Gorriti Ellenbogen, propietario de la ONG Instituto de Defensa Legal.

El Ministerio Público es, nuevamente, un antro politizado, excéntrico a su misión capital: perseguir el crimen, denunciarlo ante el Poder Judicial, y lograr que el criminal pague lo que manda la ley por su delito.

Desde esta columna hemos seguido, muy de cerca, el escándalo de los peajes entregados en concesión por la corrupta exalcaldesa Susana Villarán de la Puente; una izquierdista de salón que predicaba diametralmente lo opuesto a lo que hacía en la vida real.

La presidente Dina Boluarte ha pedido “no encausar judicialmente” –tal como corresponde por ley– a dos mujeres que la emprendieron a golpes –y jalones de pelo– contra ella cuando asistía a una ceremonia por el inicio de una obra de asfaltado de carretera en Ayacucho.