Luis García Miró Elguera

Mañana arranca el show. ¡Aunque el circo que dirige Luis Almagro aún no haya repartido el programa! ¡Peor todavía, ni siquiera permitirá la entrada abierta a todo el público! La actuación será a puerta cerrada, para invitados especiales. Es decir, tan sólo asistirán aquellos que porten carnet del club de amiguetes de Pedro Castillo.

El Artículo 4 de la Carta democrática Iberoamericana dice: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de la actividad gubernamentales, la probidad y responsabilidad de los gobiernos en la gestión, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

Debemos ser claros. La historia contemporánea no registra una peor coyuntura que la que hoy exhibe nuestro país. Una nación al garete, un Estado fallido, una clase política abominable, una población inculta, una elite frívola.

Por más lampiños que sean los “niños congresistas”, deberán poner sus sucias barbas en remojo tras el contundente fallo de la Corte Superior en el caso Kenji Fujimori Higushi. Es tiempo que los legisladores entiendan que no hay crimen perfecto y que, por lo general, aunque no sea necesariamente pronto, tarde o temprano les alcanzará el largo brazo de la Justicia.

Finalmente, la truculenta historia del régimen Castillo viene siendo confirmada por sendas investigaciones fiscales. Todo empezó desde que Perú Libre tomó el gobierno de la región Junín para esquilmar al Estado apelando a un método -hasta entonces reservado- adonde los cacicazgos regionales estafan al país a través de las panacas delincuenciales que anidan fuera de la capital.

El régimen que preside Pedro Castillo Terrones está corroído por la corrupción. La podredumbre es el denominador común entre sus integrantes. Por cierto, no hay persona honrada formando parte del actual gobierno.

El Congreso de la República ha convocado al todavía presidente Pedro Castillo a que asista este miércoles 16 al recinto parlamentario para defenderse –él y/o su abogado- frente a la acusación por delito de traición a la patria contenida en la Denuncia Constitucional 219. Esta propone acusar, en antejuicio político, al presidente de la Nación por infracción a la Constitución.

En pleno apogeo de la borrachera de dinero y poder que exhibían los grupos económicos (que en sociedad con los toledos, humalas, kuczynskis y vizcarras se repartieron no menos de US$25,000 millones robados al Estado a través de una operadora del mal llamada Odebrecht) el país avanzaba camino directo al caos en el que hoy nos encontramos, culminada la segunda década del tercer milenio.

Por mayoría de votos –once a favor y diez en contra- la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó ayer el Informe Final de la Denuncia Constitucional contra Pedro Castillo “por haber infringido la Constitución” al incurrir en presunta traición a la patria.

Los acontecimientos surgidos esta semana en el Perú -promovidos por Castillo- coronan la carrera del presidente que fue declarado ganador de las elecciones por el JNE. Como cuestión previa planteó imponer una asamblea constituyente, conociendo que la Constitución lo admite si el Congreso la aprueba.

En franca demostración de angustia -por evitar su extinción como gobierno de facto- el desgobierno que conducen Pedro Castillo Terrones –y de manera cada día más clara, el premier Torres– ha entrado en tirabuzón. Dispara cual burro con metralleta, en su velado empeño golpista por clausurar el poder Legislativo.

El presidente Castillo acelera su desbocada carrera hacia ninguna parte. Su obsesión es defenderse de lo indefendible. Lo hace en condición de cabecilla de una organización criminal, orquestada para asaltar el Estado. Así lo imputa la Fiscal de la Nación. Castillo pretende levantarse lo que pueda, en tanto siga al mando del país.

La presunta organización criminal que dirige Pedro Castillo (lo que es mucho decir, si quien se lo imputa es el Ministerio Público) maneja, entre otras fuentes de saqueo al país, los recursos estatales como caja chica propia para pagar los gastos personales del capo de la mafia, destinados a alimentarlo y alojarlo.

El domingo, la capital del país salió nuevamente a las calles. Esta vez sin duda con bastante mayor participación popular. Protestaba contra el infame gobierno que preside un neófito apellidado Castillo.

Los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba siempre fueron falsos valores, prohijados por la cultura caviar y retroalimentados por la prensa venal, que hace décadas manipula a la sociedad imponiéndole sus doble conducta.

La Justicia está en manos de cuatro gatos. Los impuso una llamada “reforma constitucional” inventada por un presidente golpista apellidado Vizcarra, quien clausuró el Legislativo imitando los pasos de Fujimori. Lo cerró, acusándolo de “obstruccionista”.

El buen gobernante es el que gestiona el Estado para bienestar del ciudadano. Todo lo opuesto a Pedro Castillo, quien manipula al Estado en beneficio propio y de la organización criminal que presuntamente dirige, integrada por su familia y cercanos colaboradores en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Recordábamos ayer que Odebrecht intenta pagarnos apenas US$240 millones por indemnización. Y además cancelarlos en veinte años sin intereses. Aunque una cifra más realista de la verdadera reparación que debería pagarnos podría ser US$2,500 millones.